Torres descarta opinar sobre la petición de que Ábalos pide que declare en su juicio: "Que la Justicia actúe"

Ángel Víctor Torres señaló que en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y entregado al juez del conocido como 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional no se registró ningún acto ilícito relacionado con su periodo como presidente de Canarias. El ministro, quien ya había denunciado haber sido objeto de una campaña de descrédito, defendió su honor y reafirmó su disposición a que la justicia esclarezca los hechos. Esta declaración se produce tras la petición realizada por José Luis Ábalos, exministro de Transportes, para que Torres declare como testigo en el juicio por supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, proceso que se tramitará ante el Tribunal Supremo. Según lo detalló Europa Press, Torres fue consultado sobre la solicitud en una entrevista concedida a 'Radio Marca Tenerife'.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática rehusó emitir valoraciones acerca de la solicitud de comparecencia presentada por Ábalos. "Yo no voy a entrar en disquisiciones sobre investigaciones judiciales, yo he soportado y he tenido que aguantar una campaña de difamación absolutamente vergonzosa y por tanto que la justicia actúe", declaró durante la entrevista, según publicó Europa Press. Torres dejó claro que su confianza se mantiene en el proceso judicial y aludió de forma indirecta a las acusaciones que enfrentó previamente, refiriendo que, finalmente, "las cosas terminan saliendo a la luz frente a aquellos que buscan la persecución como sea del rival político. Pues les ha salido mal y yo lo lamento por ello".

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Ábalos no solo pidió la comparecencia de Torres, sino también la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como testigos. Estas solicitudes se inscriben dentro de la causa vinculada a presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en el marco de la emergencia sanitaria generada por la covid-19. El denominado 'caso Koldo' involucra el análisis de diversas gestiones y responsabilidades políticas acerca de contratos realizados durante la pandemia.

Torres, releído en Europa Press, insistió en su creencia en la verdad y la justicia, afirmando que el paso del tiempo y el desarrollo de los procesos judiciales permiten que se conozca la veracidad de los hechos. Subrayó que los intentos de desprestigio y las campañas en su contra no han conseguido su objetivo, remarcando que la justicia debe continuar con su cometido sin presiones externas.

La causa que se sigue en el Tribunal Supremo busca esclarecer posibles responsabilidades penales en la gestión de compras públicas bajo los mecanismos de urgencia dictados durante los momentos más críticos de la pandemia. El requerimiento para que altos cargos comparezcan como testigos responde a la necesidad de recabar un testimonio directo sobre la toma de decisiones y los procedimientos administrativos aplicados entonces.

Europa Press recordó, además, que tras la remisión al juez del informe de la Guardia Civil sobre su persona en relación al 'caso Koldo', Torres decidió comparecer públicamente para recalcar que dicho informe desestimaba cualquier actividad ilícita en su conducta como presidente de Canarias. En aquella ocasión, el ministro afirmó haber sido blanco de un "ataque difamatorio" que, en su opinión, no se sustentó posteriormente en las investigaciones realizadas por las autoridades competentes.

El proceso judicial en el Tribunal Supremo contará con la presencia solicitada de los citados cargos, siempre que el tribunal acepte estas testificales. Las declaraciones de los responsables públicos en el marco de la causa podrían aportar información relevante sobre cómo se llevaron a cabo los contratos de adquisición de material sanitario en el contexto de la pandemia.

Según lo expuesto por Europa Press, las solicitudes de testigos como Torres, Grande-Marlaska y Armengol han sido promovidas por Ábalos, quien enfrenta un proceso judicial donde se investigan presuntas irregularidades y posibles actuaciones ajenas a la normativa vigente en la adquisición de mascarillas. Estas diligencias forman parte del esfuerzo judicial por establecer si existieron anomalías o responsabilidades administrativas y penales en la gestión de recursos en una situación de crisis sanitaria.

Torres, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, reiteró su postura de respeto a la labor judicial y reafirmó su confianza en que las investigaciones permitan esclarecer definitivamente los hechos bajo análisis, sin añadir comentarios o valoraciones sobre las estrategias procesales de las otras partes involucradas.