El Gobierno desvela que ha bloqueado 200 operaciones comerciales con Israel desde la entrada en vigor del embargo

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, detalló que solo una excepción fue autorizada en el marco del embargo a la compra de material de defensa a Israel, permitiendo a la empresa Airbus acceder a productos fabricados en ese país por motivos industriales. El Gobierno, según reportó Europa Press, impidió más de 200 adquisiciones relacionadas con empresas israelíes desde que la restricción comercial entró en vigor oficialmente el 23 de septiembre pasado.

De acuerdo con los datos difundidos por Europa Press, el embargo a la compra de equipos de defensa a Israel se encontraba en práctica desde el 7 de octubre de 2023, aunque su oficialización se produjo con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de septiembre. El texto legal obtuvo el respaldo del pleno del Congreso el 8 de octubre, donde se presentó inicialmente como un decreto ley. Sin embargo, la cámara baja decidió tramitar la medida como un proyecto de ley para que los partidos socios pudieran introducir enmiendas y modificar el articulado, una demanda argumentada por considerar que el marco legal original contemplaba demasiadas salvedades bajo la justificación de la seguridad nacional.

La excepción otorgada a Airbus fue aprobada en el último Consejo de Ministros del año, decisión que, según explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, tenía el propósito de garantizar la continuidad de proyectos clave en la aviación desarrollados por la compañía. Entre los programas citados que dependen de componentes tecnológicos adquiridos a empresas israelíes, se encuentran el A400 y el C295. Robles argumentó que estas colaboraciones resultan fundamentales para la industria aeronáutica española, que necesita la integración de tecnología israelí para concretar determinados desarrollos.

Óscar López, entrevistado para “Las Mañanas” de TVE y citado por Europa Press, puntualizó que el Ejecutivo autorizó únicamente una operación comercial vinculada a Israel, la de Airbus, frente a más de doscientas solicitudes bloqueadas desde la instauración del embargo. López defendió la concesión otorgada alegando que la alianza con Airbus representa un interés estratégico para la industria nacional, destacando que la excepción se consideró vital para mantener la cooperación con la multinacional europea.

Sumar, el partido socio minoritario del Gobierno, manifestó su oposición a la excepción concedida a Airbus. Integrantes de Sumar argumentaron que la asimetría en la aplicación del embargo —permitiendo solo la importación a Airbus mientras se bloqueaban otras operaciones— carecía de una justificación suficiente. Estos planteamientos se reflejan en el debate interno que condujo a la transformación del decreto en proyecto de ley, con el objetivo de reforzar los controles y precisar los alcances de las excepciones.

La aplicación de la medida tomó impulso tras las disposiciones adoptadas por el Gobierno en octubre, luego del estallido de la escalada bélica en la región y la presión de organizaciones que solicitaban la cancelación de todo intercambio de material de defensa con Israel. Según informó Europa Press, la publicación en el BOE vino a consagrar una política ya operativa, estableciendo un marco normativo que oficializaba el cese de nuevas operaciones, salvo autorización expresa en casos muy específicos.

En cuanto a la excepción para Airbus, el Gobierno justificó su decisión argumentando necesidades industriales y la importancia de preservar la competitividad de los proyectos en curso. El caso de Airbus se diferenció del resto de las operaciones comerciales por sus implicaciones directas en la cadena de suministro de programas aeronáuticos desarrollados en España, según detalló la ministra de Defensa en sus declaraciones recogidas por Europa Press.

Europa Press también informó que las solicitudes bloqueadas correspondían a adquisiciones de materiales de defensa cuya procedencia estuvo vinculada a empresas israelíes. El proceso de evaluación, según explicaron fuentes oficiales, consideró de manera prioritaria la política común europea, los compromisos de seguridad nacional y las demandas de los socios parlamentarios que reclamaron mayor rigor en los criterios de excepción.

El debate legislativo sobre esta política incluyó propuestas para revisar exhaustivamente las circunstancias bajo las cuales se pueden autorizar operaciones de importación con Israel, buscando limitar al mínimo posible las excepciones e incrementar la transparencia sobre las decisiones tomadas al respecto. Varios partidos políticos insistieron en que el principio general debía ser la prohibición y que toda exención tiene que estar debidamente fundamentada y sujeta a control parlamentario.

La información divulgada por Europa Press muestra que la aprobación del embargo y la excepción a favor de Airbus derivaron de una negociación política dentro de la propia coalición de Gobierno. El Ejecutivo buscó asegurar el respaldo necesario en el Congreso al comprometerse a que las condiciones para las excepciones resultaran lo más exigentes posibles y sometidas a supervisión pública.

Las implicaciones del embargo afectan tanto a las empresas de defensa que operan en territorio español como a las israelíes que proveen componentes o tecnología. Las autoridades reiteraron que el objetivo consiste en alinearse con principios de política exterior y derechos humanos en el contexto del conflicto en Oriente Medio, procurando que la industria española de defensa continúe operando dentro de los límites establecidos por la ley.

Hasta el momento, según las cifras aportadas por López y citadas por Europa Press, el embargo resultó en el rechazo de aproximadamente doscientas solicitudes de importación desde Israel, frente a una única autorización especial, lo que marca un contraste entre la política general y los casos sujetos a exención. El Gobierno subrayó la intención de no relajar los controles y mantener la aplicación estricta de la normativa, mientras avanza el proceso legislativo iniciado por la Cámara Baja con miras a establecer un marco más detallado sobre las condiciones para futuras operaciones de este tipo.