La nueva portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria dice que "no es momento" de pasar la instrucción a los fiscales

“El Ministerio Público ‘tiene una estructura jerárquica muy marcada’ y un fiscal general ‘elegido por el Gobierno’. Por ello, ‘se da esa situación de dependencia jerárquica’”, afirmó Marien Ortega, nueva portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), al advertir sobre los riesgos de transferir la fase de investigación penal a los fiscales. Esta declaración se produjo tras su elección como portavoz en la 39ª Asamblea de la AJFV, que tuvo lugar en A Coruña el 14 de noviembre, según informó Europa Press.

Ortega, que asume la titularidad del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 de Sevilla, manifestó en una entrevista con Europa Press que, dadas las condiciones actuales, “no es el momento” para que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales. Esta posibilidad, recogida en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) aprobado en Consejo de Ministros el 28 de octubre, representa uno de los cambios clave impulsados por el Gobierno en los últimos meses, tal como consignó la agencia.

Al exponer sus motivos, la magistrada explicó que la Fiscalía, al estar regida por una estructura jerárquica, limita la independencia de sus miembros. Ortega destacó que sus superiores pueden apartar a un fiscal de un caso o darles instrucciones directas. Añadió que, mientras la autonomía del Ministerio Fiscal no se fortalezca, no conviene trasladar a la Fiscalía las competencias de investigación, ya que esto podría comprometer la imparcialidad en la instrucción. La portavoz subrayó que actualmente el juez instructor cumple con las exigencias de imparcialidad y ofrece garantías para la ciudadanía que, en su opinión, no se mantendrían con la estructura vigente de la Fiscalía.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Ortega también se refirió a las recientes reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobadas por el Gobierno, indicando que estas modificaciones “no cambian la elección del fiscal general del Estado”, que sigue dependiendo del Gobierno, lo que mantiene intacto uno de los puntos que valora como críticos para resguardar la independencia.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la reforma calificándola como “absolutamente necesaria”, según recogió Europa Press. Bolaños argumentó que el objetivo es dar un “paso decisivo” en el refuerzo de la autonomía del Ministerio Fiscal y destacó que, aunque la institución ya cuenta con mecanismos para velar por dicha autonomía, la reforma incluye novedades para profundizarla.

Entre los cambios, el ministro detalló que el mandato del fiscal general del Estado, que antes coincidía con los cuatro años habituales del Gobierno, se extenderá a cinco años, desvinculando así la duración de ambos cargos. Además, la reforma impedirá la reelección para otro mandato, salvo si el periodo ejercido es menor a un año, con lo que una persona podrá ocupar ese cargo un máximo de seis años, reportó el mismo medio.

Respecto a la aplicación de la reforma, Bolaños indicó que las nuevas disposiciones relacionadas con la LECRIM van dirigidas a equiparar el estatus de los fiscales al de los jueces, con el propósito de habilitarlos para asumir la instrucción de investigaciones penales. La designación de los fiscales instructores corresponderá al fiscal jefe, quienes estarán sujetos a causas de abstención y recusación equiparables a las que aplican para los jueces y magistrados. Bolaños explicó que, por ejemplo, “una instrucción de un fiscal no podrá llevarla a cabo si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con una de las personas que están investigando”, estándar que rige actualmente para quienes imparten justicia.

El medio Europa Press recogió también que, en línea con estas nuevas funciones, el Ministerio Fiscal asumirá competencias propias de los jueces, como imponer sanciones a quienes no colaboren con las investigaciones, además de hacerse cargo de la Policía Judicial.

Marien Ortega puso énfasis nuevamente en los riesgos de dependencia jerárquica en la Fiscalía y en la importancia de que la autonomía del Ministerio Fiscal se refuerce antes de proceder a cambiar la titularidad de la instrucción penal. Según sus apreciaciones, la estructura actual no garantiza la independencia requerida para la instrucción de causas penales, y transferir esa competencia supondría una merma en las garantías para la ciudadanía, insistió ante Europa Press.

Durante la reciente Asamblea de la AJFV en A Coruña, Ortega fue elegida portavoz nacional de la segunda mayor asociación judicial española por número de asociados. Su mandato inicia en un contexto marcado por el debate sobre la reforma del proceso penal y la reconfiguración del papel de la Fiscalía en el sistema judicial español. Sus declaraciones se suman así al conjunto de voces que plantean interrogantes sobre el alcance de las reformas y las condiciones necesarias para garantizar un equilibrio entre eficacia investigativa y garantías procesales, según detalló Europa Press en su cobertura del tema.

El debate continúa en el seno de las distintas asociaciones y estamentos judiciales, mientras el Gobierno mantiene el impulso legislativo con el objetivo de trasladar la investigación penal a la Fiscalía, sujeto a la condición de reforzar su autonomía y el marco de garantías que demanda el sistema judicial español, reportó la agencia.