Justicia y CCAA pactan que la fase final de tribunales de instancia culmine el 31 de diciembre con "flexibilidad"

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destacó que en territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, la implantación de los nuevos tribunales de instancia ha ido acompañada de una reducción en las ejecuciones pendientes, alcanzando descensos del 69% en Andalucía, 55% en Castilla-La Mancha, 27% en Cataluña y Comunidad Valenciana, y 15% en Murcia. Sobre esta base, el Gobierno, junto con las comunidades autónomas con competencias transferidas, ratificó el compromiso de culminar la última etapa de implantación de estos órganos antes del 31 de diciembre, aunque incorporando adaptaciones graduales según la carga de trabajo y necesidades de cada jurisdicción, de acuerdo con la información de Europa Press.

Según detalló el Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada por videoconferencia, el acuerdo se adoptó por unanimidad con la participación de representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra. El consenso incluye la flexibilidad para que la puesta en marcha de los equipos en cada área judicial se ajuste de forma paulatina a las particularidades organizativas y operativas de cada territorio, pero manteniendo como meta el cierre de la tercera fase para el último día de 2025.

El avance de esta fase supone la creación de aproximadamente un centenar de tribunales de instancia distribuidos en los principales partidos judiciales del país, que incluyen ciudades como Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Zaragoza. El Ministerio puntualizó que dichos órganos entrarán en vigor en fechas diferenciadas dependiendo de los requerimientos locales. Además, el Gobierno reafirmó su compromiso, expresado el 12 de diciembre al convocar la Conferencia Sectorial, de apoyar eventuales solicitudes de prórroga breves por parte de comunidades autónomas para culminar la integración de la nueva estructura judicial.

El acuerdo también contempla que las oficinas judiciales, unidad clave para prestar soporte técnico a los tribunales de instancia en las ciudades de mayor tamaño, comenzarán a funcionar el mismo 31 de diciembre, exceptuando los casos de Oviedo, Gijón y Avilés. En esos tres partidos judiciales asturianos, la fecha se traslada al 15 de febrero, con el objetivo de completar los últimos ajustes técnicos que exige la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias. Todo este proceso se desarrolla bajo el marco de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde abril.

La financiación de la reforma, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y según Europa Press, ha supuesto una inversión superior a los 325 millones de euros, provenientes de fondos europeos, dirigidos a las 12 comunidades autónomas con competencias en materia de justicia transferidas. Esta dotación económica tiene como fin asegurar la operatividad de los cambios organizativos y digitales, así como la actualización de infraestructuras.

Según datos oficiales, actualmente funcionan más de 300 tribunales de instancia en diversas localidades españolas, sin que se hayan registrado incidencias significativas, lo que permite al Ejecutivo valorar positivamente la evolución de la reforma jurídica. El Ministerio, respaldado por la información suministrada por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, subrayó los efectos positivos de la nueva organización, especialmente la reducción de asuntos pendientes de ejecución, lo que contribuye a agilizar los tiempos de respuesta del sistema judicial.

Un aspecto central de la Ley de Eficiencia reside en la exigencia de recurrir a los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de iniciar litigios civiles y mercantiles. El Ministerio recordó, a través de los datos actualizados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estas medidas han acompañado una tendencia descendente en el volumen de nuevos pleitos. En el tercer trimestre de 2025, la Administración de Justicia registró una disminución del 30,9% en los nuevos asuntos civiles respecto al año anterior. Entre los meses de julio y septiembre de 2025, los órganos judiciales recepcionaron 1.519.584 casos nuevos, lo que representa un descenso del 12,5% frente al mismo periodo de 2024. En el orden contencioso-administrativo, la reducción fue del 6,3%, mientras que el área penal y la jurisdicción social experimentaron ligeros aumentos del 2% y 1,2%, respectivamente. El volumen global de expedientes ingresados coincidió prácticamente con el de casos resueltos, situándose en 1.517.664.

El CGPJ había manifestado previamente, según Europa Press, inquietudes referentes a la transición hacia el nuevo modelo de tribunales de instancia. Dirigió sus observaciones tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas, trasladando la preocupación expresada por los decanos de los seis mayores partidos judiciales: Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca. Estos representantes alertaron sobre la necesidad de establecer medidas para evitar extravíos de expedientes y retrasos en la gestión de procedimientos durante la transición, pues estas deficiencias pueden afectar la continuidad y eficiencia del servicio prestado a los ciudadanos.

El órgano de gobierno de los jueces recalcó la importancia de que todos los procedimientos y causas pendientes permanezcan bajo la supervisión directa de los antiguos titulares del juzgado, ya integrados en la nueva estructura, garantizando así la correcta identificación y traslado de expedientes hacia la oficina judicial. De acuerdo con Europa Press, los decanos reiteraron deficiencias en la coordinación interna motivadas por la dispersión de sedes, dificultando la relación entre jueces y funcionarios; y señalaron la insuficiente digitalización de algunos juzgados, lo que expone a extravíos de documentos originales donde persiste el expediente en papel.

Otras cuestiones reportadas por los decanos ante el CGPJ y recogidas por Europa Press incluyen retrasos en el nombramiento de letrados directores, quienes asumen un rol relevante en la transición y organización de los nuevos órganos. Su ausencia en diversos partidos judiciales ha limitado la interlocución entre la judicatura y la administración, afectando la preparación organizativa necesaria para el cambio. También se han presentado problemas vinculados a la falta de aprobación de ciertas relaciones de puestos de trabajo y a la inexistencia de planes de consolidación del personal funcionario. La presencia elevada de funcionarios interinos sin la formación suficiente se identificó como un factor que puede afectar la eficacia operativa de los nuevos órganos.

La suma de estos elementos llevó a los decanos de los partidos judiciales mencionados a pedir formalmente al CGPJ que gestione ante el Ministerio una moratoria de seis meses en la culminación de la tercera fase de instauración de los tribunales de instancia. Consideran que una prórroga permitiría subsanar los déficits detectados sin poner en riesgo la prestación del servicio a la ciudadanía.

Con este conjunto de acuerdos y ajustes pactados, y a pesar de las preocupaciones expuestas por sectores judiciales, el Gobierno y las comunidades autónomas mantienen como objetivo culminar el despliegue completo de la nueva organización judicial antes del 31 de diciembre, adaptando el proceso a las necesidades específicas de cada territorio y de la planta judicial.