El juez Peinado cita este lunes como testigos a tres cargos de Deloitte sobre la cátedra de Begoña Gómez

La inspección sobre el funcionamiento de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense incluye el análisis de trayectorias profesionales de figuras que han pasado de cargos académicos a responsabilidades dentro de la Administración pública. Según informó Europa Press, el proceso judicial bajo la dirección del juez Juan Carlos Peinado prioriza la revisión de los documentos que integran acuerdos, actas y registros relacionados con las colaboraciones entre la universidad y diversas empresas privadas. El juzgado indaga en especial los mecanismos empleados en la adjudicación de contratos y la legalidad en la gestión de fondos, focalizando su atención en posibles irregularidades económicas y la transparencia de las operaciones interinstitucionales.

La instrucción, reportó Europa Press, se intensificó tras la declaración como testigos de tres altos cargos de Deloitte: Héctor Flórez, presidente de la firma en España, junto a los directivos Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez. La citación, realizada este lunes, tenía como fin aclarar el papel de la consultora en la creación y administración de la plataforma digital transformatsc.org, así como precisar el grado de implicación técnica de la compañía en el proyecto vinculado a la cátedra dirigida por Begoña Gómez. De acuerdo con la cobertura, los responsables de Deloitte expusieron los detalles de la relación entre la empresa y la universidad, en particular en lo relativo al desarrollo de servicios digitales y soluciones tecnológicas de interés para pequeñas y medianas empresas asociadas con el programa académico.

Europa Press detalló que el foco del tribunal está en la naturaleza de la colaboración público-privada, requiriendo minutas, agendas y registros que esclarezcan tanto el proceso de selección de empresas participantes como el flujo de comunicación con los responsables universitarios. El objetivo de la recopilación documental es identificar la estructura y dinámica de las relaciones entre el ámbito académico y el empresarial, delimitando responsabilidades y posibles discrepancias en el cumplimiento de los marcos legales que rigen la gestión universitaria y la contratación de servicios externos. Este examen abarca además la fiscalización de fondos y la evaluación de transferencias financieras efectuadas entre la universidad y las distintas compañías involucradas.

Durante la investigación, el juzgado ha requerido la entrega completa de la documentación a las entidades y dependencias implicadas, ampliando la petición de registros hasta la actividad de la propia cátedra en cuestión. Europa Press consignó que la instrucción aborda hipótesis como posible tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, ejercicio irregular de funciones y malversación de fondos públicos. Estas líneas de investigación buscan establecer si, en la interacción entre la Universidad Complutense y sus colaboradores privados, se respetaron o no las disposiciones legales y administrativas que regulan las colaboraciones institucionales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la consultora Deloitte respondió con un comunicado formal asegurando que su implicación en el proyecto se limitó exclusivamente a labores de asesoría y consultoría para la universidad. En el documento transmitido al juzgado, la empresa indicó: "no tuvo acceso a materiales informáticos, ejecutables, repositorios ni al código fuente" del sistema digital objeto de investigación. De este modo, negó cualquier participación en el diseño o mantenimiento técnico de la plataforma desarrollada, remarcando que su labor no incluyó la manipulación de componentes tecnológicos o el soporte informático directo de la aplicación digital analizada por el tribunal.

El juez Peinado ha seguido reclamando que todas las empresas intervinientes presenten de forma ordenada los registros de reuniones, minutas y agendas referentes a los encuentros con la universidad y con agentes empresariales y administrativos, informó Europa Press. Este esfuerzo apunta a reconstruir el entramado de relaciones, procesos de decisión y distribución de tareas, con el propósito de determinar cómo se gestionaron las colaboraciones y si existen fundamentos para eventuales acciones judiciales de tipo penal, administrativo o civil.

Las pesquisas judiciales incluyen la revisión exhaustiva de contratos y procesos administrativos vinculados al desarrollo y explotación de la plataforma tecnológica adscrita a la cátedra. Este trabajo de verificación integra desde la captación y movilización de recursos financieros hasta la ejecución de transferencias y el papel desempeñado por empresas privadas durante el periodo cubierto por el acuerdo con la Universidad Complutense, según lo reportado por Europa Press. El procedimiento da respuesta, en parte, a las demandas de transparencia promovidas por la acusación popular, que insiste en la necesidad de un examen detallado de todos los documentos y decisiones generados en el marco de la colaboración.

Entre las personas objeto de investigación aparece Cristina Álvarez, actual asesora en el ámbito estatal, que permanece bajo análisis judicial respecto a su eventual implicación en el desarrollo de la cátedra de Transformación Social Competitiva y por la posible existencia de vínculos atípicos entre empresas colaboradoras y órganos universitarios, consignó Europa Press. La instrucción continúa abierta, y el tribunal sigue revisando la documentación remitida tanto por Deloitte como por otras partes vinculadas, concentrando el análisis en la legalidad de los contratos y la gestión de fondos públicos.

Europa Press indicó que la atención principal se mantiene en la posible aparición de desviaciones o irregularidades dentro de las relaciones establecidas entre la universidad y las empresas prestadoras de servicios. El procedimiento incorpora, además, la revisión de cómo se adjudicaron los contratos y si se respetaron los protocolos exigidos para la selección y verificación de los participantes en el desarrollo de la plataforma digital asociada a la cátedra. La investigación todavía no ha alcanzado una resolución final, mientras el juzgado continúa reuniendo pruebas y cotejando información sobre el funcionamiento de la colaboración entre el sector público universitario y el sector privado.