El Gobierno crea un órgano para desarrollar el Plan de Memoria, integrado por entidades, patronal y sindicatos

La creación de una comisión encargada de investigar violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura, compuesta por hasta diez personas independientes y con reconocida trayectoria profesional en el ámbito académico y de los derechos humanos, constituye uno de los elementos principales del nuevo Consejo de la Memoria Democrática. Según detalló el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, este grupo trabajará en la recopilación de testimonios, datos y documentos para esclarecer los sucesos de ese periodo histórico, con el objetivo de elaborar recomendaciones que permitan resarcir a las víctimas y evitar la repetición de estos hechos.

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres, el Gobierno constituyó este lunes el Consejo de la Memoria Democrática, un órgano consultivo que agrupa a asociaciones memorialistas, empresas, sindicatos, y expertos, entre ellos los juristas Baltasar Garzón y Cristina Almeida. El Consejo tiene entre sus funciones informar sobre el desarrollo del Plan de Memoria Democrática y proponer medidas reglamentarias vinculadas al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Además, este órgano evaluará las actuaciones de entidades dedicadas a la recuperación histórica y emitirá recomendaciones sobre políticas relacionadas con la memoria democrática, incluyendo la valoración de las ayudas y subvenciones dirigidas a estos fines por parte de la Administración General del Estado, según informó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El ministro Torres, que preside el Consejo, agradeció la colaboración y el compromiso de los participantes para difundir el valor de la memoria democrática y preservar la dignidad de las víctimas. Durante el acto de constitución del órgano, remarcó la importancia de que la ciudadanía conozca el proceso de recuperación de la democracia y la vigencia de los derechos actuales frente al régimen dictatorial que gobernó España durante cuatro décadas, según consignó el Ministerio.

El Consejo de la Memoria Democrática funcionará sin que los integrantes reciban retribución alguna por sus funciones o por la asistencia a reuniones, según comunicó el Gobierno. Sus miembros tendrán derecho a acceder a archivos y fondos documentales, tanto públicos como privados, conforme a la normativa legal vigente. El órgano estará presidido por el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encargado de convocar las sesiones, fijar el orden del día, moderar el desarrollo de los debates, resolver empates con su voto y asegurar el cumplimiento de las leyes y la validación de las actas de las reuniones.

La dinámica interna del Consejo prevé reuniones ordinarias cada seis meses, y extraordinarias cuando la presidencia lo disponga por iniciativa propia o cuando al menos un tercio de sus miembros lo solicite. Las personas que forman parte del órgano reciben la convocatoria con el orden del día y la documentación relativa a los puntos de debate; tienen la facultad de sugerir la inclusión de nuevos temas en la agenda, participar en las deliberaciones, emitir su voto, y, si lo consideran oportuno, presentar votos particulares y argumentar su posición.

Además del ministro Torres, en la vicepresidencia se sitúa el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Completan el Consejo representantes de varios ministerios, el máximo responsable del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el director general de Promoción de la Memoria Democrática. El órgano también cuenta con hasta diez asociaciones memorialistas de diversa índole, así como expertos y expertas de reconocido prestigio en el ámbito de la memoria democrática, representantes sindicales y de organizaciones patronales como la CEOE y la CEPYME, junto a una secretaria, según detalló el Ministerio.

El medio que dirige Torres informó que la Comisión específica para la investigación de violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura quedará dentro del propio Consejo. Este grupo independiente se somete a un proceso de selección en el que al menos tres quintas partes del pleno deben aprobar la designación de sus integrantes, teniendo en cuenta el mérito profesional en los campos jurídico, académico y científico, y respetando el principio de equilibrio de género, salvo justificaciones objetivamente fundadas. El Consejo también debe elegir, entre los miembros de la Comisión, a la persona responsable de coordinar las actividades del grupo.

La Comisión tendrá un periodo máximo de dieciocho meses desde su constitución para desarrollar sus tareas y entregar un informe con sus conclusiones y recomendaciones, momento en el que se dará por finalizado el mandato de sus miembros. Según lo previsto, el trabajo de la Comisión consistirá en recibir información, recoger testimonios y reunir documentación que permita escribir conclusiones y sugerencias encaminadas a reparar los daños a las víctimas y a establecer medidas para que estos hechos no vuelvan a repetirse, según las directrices del Consejo y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Según publicó el Ministerio, quienes integran el Consejo pueden acceder a diversa información documentada, tanto pública como privada, siempre respetando la normativa vigente de protección y acceso a archivos. Además, todos los nombramientos y decisiones estructurales dentro del órgano deben estar regulados por los estándares legales fijados por la Ley de Memoria Democrática y sus reglamentos asociados.

Dentro de las responsabilidades principales del Consejo se incluye la aportación de dictámenes y opiniones sobre aquellas medidas adoptadas para facilitar la reparación y el reconocimiento de las víctimas. Además, el órgano se ocupa de evaluar el impacto de las políticas de memoria y de canalizar las propuestas de mejora que permitan una mayor eficacia en la recuperación histórica y el cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley de Memoria Democrática.

El Consejo, según detalló el Ministerio, también asume el papel de examinar y opinar sobre las bases reguladoras de las subvenciones estatales dirigidas a proyectos y entidades memorialistas, valorando la idoneidad de los candidatos y asegurando la transparencia en la asignación de los fondos públicos para la recuperación de la memoria histórica.

La configuración de este órgano consultivo refuerza la estructura institucional para el seguimiento del plan plurianual centrado en la búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas, abriendo un espacio colaborativo entre la administración, el sector privado, los sindicatos y las organizaciones memorialistas, como fue señalado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

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