En su declaración judicial, José Fernández Rosado expuso que antes de su desvinculación de Espaeventos, informó a la Agencia Tributaria de una deuda fiscal superior a los 10 millones de euros atribuida a la citada sociedad. Fernández Rosado, uno de los investigados en el conocido ‘caso hidrocarburos’, relató estas circunstancias el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional, sumando así un nuevo capítulo a una causa que, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, apunta a la implicación de personas cercanas al anterior equipo gubernamental en una red bajo sospecha de fraude millonario y con actos de blanqueo de capitales.
De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Fernández Rosado detalló ante el magistrado Santiago Pedraz que el empresario Cristian Corvillo, identificado por el Partido Popular como antiguo chófer de Pedro Sánchez durante unas primarias del PSOE, junto a Miguel Romero Bravo, le propuso figurar como administrador de Espaeventos. Según esa versión, le ofrecieron una compensación económica por dejar su nombre al frente de la empresa como testaferro, una cantidad que reconoce no haber llegado a percibir. El investigado precisó durante la audiencia que Corvillo y Romero Bravo tomaban las decisiones en Espaeventos, incluyendo las instrucciones sobre operaciones mercantiles y transferencias bancarias, documentación que le solicitaban firmar en calidad de responsable administrativo.
Fernández Rosado señaló otros puntos de conflicto que lo llevaron a abandonar su puesto en 2023. Durante su testimonio, indicó que un desencuentro con Corvillo y Romero Bravo relacionado con transferencias ordenadas hacia sociedades radicadas en Portugal y el ingreso de un millón de euros de procedencia desconocida motivó su salida de la sociedad investigada. Subrayó que rehusó reconocer la recepción de dicho ingreso ante los organismos correspondientes, lo que desencadenó su desvinculación de Espaeventos. Además, su testimonio se produjo después de que el martes anterior, Javier Sequi, otro investigado en la causa, admitiera ante el juez haber aceptado ser administrador de una empresa vinculada a la trama a cambio de 3.500 euros mensuales, según recogió Europa Press, a cambio de "no hacer nada".
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aportada como prueba en la causa y citada por Europa Press, sostiene que la presunta red criminal consiguió insertarse en áreas clave del Estado, con conexiones en los ministerios de Transportes, Industria, Comercio y Turismo, así como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico durante la gestión de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. El informe de la UCO indica que Aldama, persona del entorno del entonces ministro José Luis Ábalos, habría facilitado estas conexiones para influir en decisiones administrativas, entre ellas, la autorización de Villafuel para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, pese a incumplimientos de los requisitos legales. Según la misma documentación, estas acciones se habrían hecho a cambio de una contraprestación económica.
El mismo informe describe a Aldama y Claudio Rivas como los principales responsables de la trama, atribuyéndoles control y coordinación sobre las operaciones. Europa Press precisó que la investigación identifica la existencia de una organización articulada para delinquir contra la Hacienda Pública dentro del sector energético, mediante una red de empresas liderada por Villafuel y otras entidades relacionadas. Paralelamente, los agentes detectaron otra estructura empresarial dedicada a operaciones de lavado de dinero, resultado de actividades ilícitas asociadas a la red principal.
Respecto al origen de la trama, la UCO sitúa el inicio de las acciones delictivas en 2020. En este periodo, personas del entorno supuestamente criminal instaron a Aldama a utilizar su red de contactos, de acuerdo con Europa Press, buscando presionar a altos funcionarios del Ministerio de Transportes para facilitar la obtención de licencias a favor de Villafuel. Los investigadores sostienen que la organización desembolsó cerca de un millón de euros para lograr influencias directas sobre empresarios, el exministro Ábalos y su entonces asesor Koldo García, según recoge Europa Press.
En las actuaciones judiciales, las declaraciones de investigados como Fernández Rosado y Javier Sequi han aportado datos claves sobre la operativa de las empresas implicadas, las supuestas compensaciones ofrecidas y el papel de los presuntos cabecillas. Europa Press ha señalado que la investigación continúa abierta, con nuevas declaraciones y recopilación de pruebas que permitirán esclarecer el alcance total de la red y sus implicaciones en diversos departamentos ministeriales. Además, la causa sigue sumando voces de investigados que describen una estructura jerárquica orientada a defraudar al fisco y legalizar fondos presuntamente ilícitos mediante la creación de sociedades interpuestas y la utilización de testaferros.
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