Villarejo niega haber espiado a un empresario: "Era un enfrentamiento duro entre un suegro y su antiguo yerno"

Villarejo insistió durante su declaración en que no llevó a cabo tareas de investigación policial ni actividades de espionaje, rectificando que su intervención se limitó a ofrecer asesoramiento jurídico relacionado con un conflicto personal entre familiares. Según informó Europa Press, en la Audiencia Nacional, el comisario jubilado negó haber investigado al empresario Joaquín Molpeceres, su exsuegro, y explicó que su implicación obedeció únicamente a la petición de estrategias legales para afrontar la disputa entre suegro y yerno, negando cualquier acción vinculada al espionaje empresarial por la que está siendo procesado en el denominado ‘Proyecto Grass’.

De acuerdo con lo expuesto en la sala, Villarejo, que solo respondió a las preguntas de su abogado, detalló que recibió el encargo de Antonio Chávarri, también acusado, centrando su trabajo en la elaboración de estrategias jurídicas frente a lo que calificó como un litigio familiar intenso. El medio Europa Press relató que el excomisario precisó que, aunque sus servicios incluían un cierto análisis adicional, su jornada no incluyó el uso de recursos policiales ni la realización de informes sobre posibles víctimas de espionaje. Al responder ante el tribunal, Villarejo afirmó: “Nosotros lo que hacíamos eran notas internas, notas de trabajo, como guiones. Para luego mantener las reuniones con los clientes”. El excomisario resaltó que su empresa no era una agencia de detectives y solo prestaba servicios de análisis de información, aclarando que nunca tuvo la intención de competir con detectives privados.

Villarejo subrayó además que nunca accedió a bases de datos policiales en el desarrollo de las tareas encargadas por el empresario y recalcó que utilizó exclusivamente la información contenida en "fuentes abiertas y fuentes restringidas que iban con un previo pago". El antiguo policía insistió en que su vinculación con la causa no incluyó actividades propias de su antiguo cargo porque, de haber sucedido, “habría salido en los diarios”. Esta declaración respondió a la acusación de que había empleado conocimientos y datos privilegiados en la investigación del caso.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Villarejo una pena de 12 años de prisión por tres delitos: cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil. El medio Europa Press especificó que la acusación señala que el empresario, cuya empresa enfrentó un concurso en 2012, contrató a Villarejo por más de 400.000 euros con el objetivo de identificar irregularidades que involucraran a su exsuegro, considerado el principal acreedor en ese proceso. Rafael Redondo, socio de Villarejo, también se enfrenta a la justicia, con una petición de 4 años y 6 meses de prisión por cohecho pasivo y falsedad documental. Antonio Chávarri podría afrontar una condena de 7 años de cárcel por delitos similares.

Durante el juicio, Chávarri también respondió exclusivamente a su abogado y reconoció haber tenido tres reuniones con el excomisario y su socio en 2012. El medio Europa Press detalló que la primera de ellas sirvió para exponer el contexto del concurso de la promotora inmobiliaria, sin abordar aspectos económicos; en la segunda cita se aceptó el encargo y se discutieron los honorarios, mientras que en la tercera, el encuentro se orientó a presionar a Villarejo y Redondo para obtener resultados, debido a que el proceso seguía activo y las cuotas mensuales continuaban abonándose. Chávarri relató que no tuvo la sensación de haber recibido información concreta ni solidez en los datos compartidos, lo que le generó inseguridad.

Rafael Redondo explicó ante la sala que su cliente se enfrentaba a una "situación personal complicada", aludiendo a que Molpeceres "quería perjudicar a todos". Redondo destacó que Chávarri no buscaba dañar a su exsuegro por el vínculo familiar existente, ya que su preocupación principal era la estabilidad de su entorno familiar, incluidos su exmujer y sus hijas. Según recogió Europa Press, el empresario negó cualquier intención de perjudicar al otro implicado y afirmó que sus movimientos priorizaban su privacidad y evitar conflictos familiares. También destacó el entorno de confidencialidad en su despacho, compuesto por doscientos abogados, lo que aumentaba la posibilidad de filtraciones de información.

Chávarri remarcó que no quería que su familia pensara que "papá está investigando al abuelo", una preocupación motivada por advertencias recibidas de su entorno sobre posibles movimientos de su exsuegro para obtener beneficios tras el divorcio y que él no deseaba iniciar disputas familiares. El empresario subrayó su deseo de evitar mayores tensiones, manteniendo la reserva en el manejo del conflicto.

Según consignó Europa Press, la jueza Teresa Palacios, quien preside el tribunal, determinó que la vista continuará el 7 de enero, fecha en la que las partes presentarán sus informes finales. Las defensas de los tres acusados esperan desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía durante esa fase, centrando sus argumentos en la naturaleza legal y no policial de las actividades que desempeñaron en el marco del litigio familiar y empresarial.