Los registros bancarios que detallan movimientos financieros de Servinabar, junto con referencias directas a gastos familiares y personales de individuos vinculados a la empresa, han servido de base para la imposición de medidas cautelares por parte del Tribunal Supremo. El Mundo informó que estas medidas incluyen la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. El medio precisó que las transferencias, la relación entre familiares y el destino de los pagos realizados por Servinabar se consideran elementos que apuntan a posibles delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal en el contexto de la instrucción del conocido como ‘caso Koldo’, donde se investiga la supuesta manipulación de contratos públicos en colaboración irregular entre exresponsables políticos y directivos de empresas constructoras.
Este lunes, el Tribunal Supremo interrogó a Manuel José García Alconchel, exdirector de la zona sur en Acciona Construcción España, sobre el papel desempeñado por él y otros antiguos directivos de la empresa en las adjudicaciones realizadas bajo sospecha. Según consignó El Mundo, la reunión tuvo como objetivo principal obtener más detalles sobre el funcionamiento de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, cuyos contratos conjuntos son objeto de una revisión exhaustiva dentro de la investigación judicial.
La investigación se centra en los movimientos económicos internos de Servinabar y en la figura de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, cuya participación societaria en Servinabar, reflejada en el control del 45% de las participaciones, quedó documentada en los registros policiales integrados en el expediente judicial. De acuerdo con El Mundo, la UCO de la Guardia Civil considera a Servinabar un componente esencial dentro de una presunta estructura dedicada a alterar el proceso de adjudicación de contratos públicos. Los informes bancarios y fiscales incluidos en la causa muestran que, durante el periodo investigado, Servinabar recibió ingresos por 8.903.903,18 euros, de los cuales un 75% —equivalente a 6.707.294,67 euros— provino de contratos desarrollados en colaboración con Acciona. El resto, es decir, 2.196.608,51 euros, se corresponde con transferencias, confirming no especificados y préstamos.
En cuanto al destino de estos fondos, El Mundo detalló que la salida total ascendió a 9.701.121,96 euros. De esta suma, el 48,79% se transfirió a diversas personas físicas y jurídicas; el 20,98% se destinó al pago de nóminas; el 28,42% se dedicó al abono de impuestos; y el 1,8% se orientó a devoluciones económicas para Acciona. Entre esos movimientos destacan consumos personales, salarios, alquiler de vivienda en Madrid y transacciones con tarjeta de crédito. Parte de estos fondos, por más de 33.000 euros, tuvieron como destino a Santos Cerdán y miembros directos de su familia, según la documentación consultada por El Mundo.
Los documentos de la UCO incorporados al expediente judicial incluyen registros de llamadas con alusiones directas a la esposa de Cerdán y a su presencia en distintos establecimientos comerciales, un hecho que, según la instrucción, sirve de respaldo para la tesis de la utilización privada de fondos procedentes de Servinabar. La relación formal entre Acciona y Servinabar quedó reflejada en un acuerdo marco de 2015, firmado pocos días después de la constitución de Servinabar, que estipulaba el derecho de esta a percibir un 2% de los ingresos relativos a contratos conjuntos. Conforme a las declaraciones recogidas por El Mundo, los antiguos directivos de Acciona, Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, justificaron dicho porcentaje por servicios relacionados con la prevención de riesgos laborales realizados conjuntamente, negando pagos fijos no justificados o importes ficticios.
La posición de Santos Cerdán en la causa se considera significativa, incluyéndose su participación en la delegación liderada por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Koldo García, que viajó a Marruecos en 2019 para abordar la adjudicación internacional del puerto de Kenitra. El análisis judicial citado por El Mundo atribuye a la presencia de Cerdán en ese viaje una especial relevancia para comprender las dinámicas de coordinación entre cargos públicos y ejecutivos privados en decisiones sobre grandes contratos internacionales.
El expediente judicial, según lo relatado por El Mundo, ubica la constitución y operativa de la UTE Acciona-Servinabar en el centro de las sospechas sobre manipulación de las adjudicaciones públicas, asociadas a un impacto económico de varios millones de euros. La instrucción concede especial atención a la firma de acuerdos contractuales y a la intervención de antiguos miembros del ministerio y empleados de Acciona en procedimientos señalados por supuesta coordinación irregular, lo que llevó a su inclusión entre los investigados iniciales.
Acciona Construcción España, a través de un comunicado recogido por El Mundo, rechazó de modo categórico que la compañía haya abonado comisiones ilícitas a personas involucradas en la investigación. La empresa manifestó además su predisposición a emprender acciones legales si se confirmaran eventuales irregularidades por parte de extrabajadores o directivos ya desvinculados, y que tales conductas hayan resultado en perjuicios para la entidad.
En cuanto a la secuencia de actuaciones judiciales, la citación de Manuel José García Alconchel forma parte de una serie de comparecencias ordenadas previamente por el tribunal para el día 3 de diciembre. A aquel llamamiento se sumaron Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, aunque finalmente no se celebraron al aducirse cuestiones de salud por parte de la defensa. El Mundo puntualizó que los resultados de esta ronda de declaraciones podrían acarrear la aplicación de las mismas medidas restrictivas a García Alconchel, si las pruebas reunidas y los testimonios ofrecidos así lo justifican.
El proceso dirigido por el Tribunal Supremo mantiene la vigilancia sobre la gestión y destino de fondos dentro de la UTE Acciona-Servinabar, la formalización de contratos conjuntos y el nivel de implicación de antiguos representantes públicos en operaciones económicas de peso. Los documentos y las declaraciones se proyectan sobre el ámbito empresarial y la administración pública, describiendo un escenario donde convergen intereses económicos, relaciones personales y eventuales responsabilidades jurídicas, describió El Mundo en sus reportes.
El progreso de la investigación oficial se encuentra supeditado a la valoración de las nuevas pruebas y la celebración de las próximas declaraciones de antiguos cargos públicos y directivos empresariales, considerados claves para delimitar el alcance y la estructura de los presuntos delitos indagados por el Tribunal Supremo. Según los reportes de El Mundo, la documentación acumulada abarca múltiples aspectos de la colaboración entre responsables institucionales y directivos del sector público y privado en la gestión de contratos y recursos financieros asociados al caso.
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