
La solicitud de la Fiscalía Provincial de Málaga para investigar la concesión de tres plantas del Mirador del Carmen en Estepona ha generado reacciones en el ámbito político local y autonómico. Esta acción implica al alcalde José María García Urbano, además de a la teniente de alcalde Ana Velasco y varios técnicos municipales, en el marco de una denuncia presentada ante el juzgado decano por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según el medio que reportó el caso, la denuncia se centra en la asignación del espacio destinado a uso de restauración a una empresa vinculada a la pareja del hijo del regidor.
En respuesta a los hechos, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, solicitó al presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular en la región, Juanma Moreno, que tome medidas frente a lo que calificaron como una acumulación de "escándalos judiciales" que afectan al alcalde de Estepona. Tal como recogió la prensa, Bernal efectuó estas declaraciones junto a la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, subrayando que el caso agrava una situación ya complicada por procedimientos judiciales previos en los que está implicado García Urbano.
Bernal recordó que el actual regidor también enfrenta un proceso judicial por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, vinculado con la contratación de una persona con quien mantenía relaciones personales, según informó el medio citado. El dirigente socialista expuso que la Fiscalía observa indicios suficientes para que se abra un nuevo proceso de investigación sobre una posible actuación irregular en beneficio de allegados familiares. "Ahora se abre una nueva investigación en la que la propia Fiscalía aprecia indicios suficientes para pedir que se investigue una posible actuación irregular del alcalde en beneficio de su entorno familiar", afirmó.
A lo largo de su declaración, Bernal consideró relevante preguntar cuál será la reacción tanto del Partido Popular como del presidente Juanma Moreno: "La pregunta es qué va a hacer el Partido Popular y qué va a hacer Juanma Moreno Bonilla. Si va a actuar en Estepona igual que presume haber actuado en otros municipios o si va a mirar hacia otro lado cuando los problemas están dentro de su propio partido", cuestionó. Insistió en que se deberían aplicar los mismos criterios de exigencia y responsabilidad política a todas las personas implicadas, sin distinción.
El medio detalló que la secretaria general local, Emma Molina, también expresó preocupaciones por la imagen del municipio. Molina indicó que la sucesión de casos judiciales con repercusión mediática afecta directamente al alcalde y mantiene a Estepona vinculada casi continuamente a instancias judiciales. Hizo referencia a que uno de los casos derivados de un presunto delito de malversación avanza hacia la Audiencia Provincial, sumándose la reciente denuncia efectuada por la Fiscalía. "Es vergonzoso que Estepona esté permanentemente vinculada a los juzgados por la gestión de su alcalde", señaló Molina.
Según publicó la prensa, la concesión del edificio Mirador del Carmen ya había sido motivo de denuncia previa por parte del grupo socialista en el propio pleno municipal. En esa ocasión, García Urbano no ofreció explicaciones, de acuerdo con los testimonios de los portavoces socialistas. Molina incidió en que la investigación propuesta por la Fiscalía también alcanza a la teniente de alcalde y a varios técnicos, lo que, a su parecer, sustenta la gravedad de lo sucedido y la necesidad de clarificar todos los extremos del asunto.
Ante esta situación, la dirigente local del PSOE reiteró la exigencia de dimisión inmediata al alcalde, manifestando que la decisión resulta, a su juicio, imprescindible por "dignidad democrática" y por respeto a la ciudadanía de Estepona, "que no merecen que su ciudad siga asociada a escándalos judiciales", concluyó Molina, según reportó el medio.


