Montero dice que no conocía Servinabar, se desmarca del expresidente de la SEPI y no teme lo que pueda decir Leire Díez

María Jesús Montero, al ser preguntada por el caso que implica a la firma navarra Servinabar y a diversos ex altos cargos estatales, insistió en que su conocimiento sobre la investigación procede únicamente de las noticias periodísticas, mientras subrayó que ni ella ni su equipo recibieron notificación formal ni personal sobre la sociedad ni sobre los implicados antes de la repercusión mediática. Según detalló el medio facilitado, Montero enfatizó que la información que maneja es la que aparece en la cobertura de prensa y descartó cualquier relación, directa o indirecta, entre su persona, sus colaboradores y los hechos objeto del proceso judicial.

En su comparecencia pública, la vicepresidenta distinguió la incomodidad interna en el Ejecutivo generada por la aparición de antiguos colaboradores asociados al denominado ‘caso Koldo’, concretamente relacionados con posibles conductas irregulares vinculadas a Servinabar. No obstante, aseguró que este episodio no ha generado alteraciones en la estabilidad gubernamental ni ha afectado el funcionamiento del gabinete, de acuerdo con la información publicada por el medio original.

Durante la instrucción, que coincide con la etapa de detención de Vicente Fernández —expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)—, de la ex militante socialista Leire Díez y de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, propietario de Servinabar, Montero defendió tanto la actuación propia como la de los órganos institucionales del Gobierno. La vicepresidenta señaló, según consignó la fuente facilitada, que la transparencia y la colaboración son principios prioritarios en la respuesta del Ejecutivo ante las investigaciones de la justicia. Subrayó que el Gobierno cumple con rigor las solicitudes informativas de los tribunales y promueve la entrega diligente de documentos oficiales requeridos, una dinámica de respuesta inmediata a requerimientos judiciales en todos los organismos implicados.

A propósito de su vínculo con Vicente Fernández, Montero aseguró que no ha mantenido contacto con él durante los últimos seis años y negó la existencia de lazos laborales, personales o sociales posteriores a esa fecha. "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", respondió la vicepresidenta, de acuerdo con el medio consultado, al referirse al papel de Fernández en la empresa investigada. Montero reiteró que cualquier dato referente al caso le resulta desconocido salvo la información que ofrecen los medios y no ha manejado otras fuentes de información sobre la investigación.

La elección de Fernández como presidente de la SEPI, explicó Montero, respondió a criterios administrativos como su experiencia previa en la Junta de Andalucía como interventor general y su condición de letrado, estimando que estos antecedentes bastaban para asumir la dirección de la entidad pública industrial, reportó el medio originalmente consultado.

Respecto a Servinabar, empresa propiedad de Santos Cerdán e identificada por el propio medio como uno de los principales focos de la investigación judicial, la vicepresidenta describió la compañía como una entidad de dimensión reducida según los datos divulgados, y reiteró que desconoce tanto el alcance de sus operaciones como la naturaleza específica de las actividades bajo examen judicial. Montero remarcó, una vez más, su desconocimiento institucional y profesional de la sociedad navarra, entre otras razones porque ni ella ni sus equipos habían recibido ningún tipo de comunicación no publicada previamente.

Al abordar la situación de Leire Díez, detenida en el marco del proceso, la vicepresidenta negó que el Gobierno muestre preocupación ante las posibles declaraciones de la ex militante socialista, reafirmando que no disponen de información adicional a la aportada mediante informaciones periodísticas. "No tenemos más información que la que ustedes publican", citó el medio de referencia, dejando constancia de ese punto.

El impacto social y político de la investigación también fue abordado por Montero, según publicó el medio analizado. Consideró que la presencia de antiguos colaboradores cercanos a altos cargos públicos en procesos legales por sospechas de corrupción constituye una situación dolorosa tanto desde el plano personal como institucional. Rechazó cualquier conducta que contravenga los principios legales y éticos que rigen al actual Ejecutivo y reafirmó la prioridad de cumplir de forma estricta con las normas y la legalidad.

Montero cerró su intervención enfatizando la continuidad del Gobierno en materia de transparencia y cooperación judicial, resaltando que la administración central responde a todas las solicitudes de los jueces sin demoras. El medio facilitado citó su compromiso de mantener la colaboración para contribuir al esclarecimiento de los hechos en investigación en el caso conocido como ‘caso Koldo’, señalando como objetivo que tanto la instrucción como las actuaciones judiciales se desarrollen conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.