Feijóo ataca a Sánchez con 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

Cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión interna del Ejecutivo marcaron el tono del debate en el Congreso de los Diputados, donde la denuncia de acoso sexual presentada contra Paco Salazar, exasesor próximo al presidente Pedro Sánchez, sirvió como detonante para una discusión más amplia sobre el abordaje institucional de las denuncias de acoso laboral en España. Según consignó el medio original, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, utilizó el denominado ‘caso Salazar’ para interpelar directamente al presidente del Gobierno, poniendo en duda la exhaustividad y la eficacia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a episodios de conducta impropia dentro de la Administración.

Durante la sesión parlamentaria, el dato difundido por el Ministerio de Igualdad, que señala que una de cada tres trabajadoras en España ha atravesado situaciones de acoso en su puesto de trabajo, aportó contexto al debate y reforzó el intercambio de acusaciones entre Gobierno y oposición. De acuerdo con la información publicada por el medio, Feijóo criticó tanto la selección de cargos de confianza como el procedimiento empleado para gestionar denuncias dentro del entorno del propio Gobierno, y afirmó que en diversas ocasiones el Ejecutivo habría minimizado casos similares, encuadrándolos como simples “disputas internas”.

El dirigente del PP enumeró una serie de casos, incluyendo los relacionados con Santos Cerdán y Koldo García, así como al menos cuatro incidentes registrados en la Diputación Socialista de Lugo, postulando que la problemática trasciende incidentes puntuales y evidencia, según su valoración, una carencia sistémica en los mecanismos de respuesta institucional. Feijóo, en su intervención, resumió su postura con la consigna “El feminismo no se predica, se practica”, resaltando el cuestionamiento a la coherencia demostrada por el Gobierno al abordar presuntos casos de acoso en el contexto administrativo.

Por su parte, Pedro Sánchez defendió las reformas normativas implementadas durante su mandato, resaltando la existencia de una obligación legal para que tanto entidades públicas como privadas dispongan de protocolos específicos frente al acoso laboral. Según detalló el medio, el presidente subrayó que estos protocolos resultan fundamentales para salvaguardar los derechos laborales y promulgar ambientes de trabajo seguros, insistiendo en que su aprobación representa un elemento clave en la política de protección a las trabajadoras.

Sánchez argumentó que, además de las regulaciones sobre acoso laboral, el Ejecutivo avanzó en otras materias relacionadas, tales como el aumento del salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo, la promulgación de la ley de paridad y el refuerzo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El medio original precisó que el presidente consideró estas iniciativas como pruebas del compromiso institucional en la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito profesional.

Al continuar el cruce de posiciones, Feijóo insistió en que existe una falta de transparencia por parte del Gobierno en la gestión de denuncias cuando afectan a responsables de la administración central o su entorno más próximo. Para reforzar su postura, el líder popular evocó incidentes anteriores en diferentes instancias y reiteró que, en su evaluación, la respuesta del Ejecutivo no resultó suficiente para erradicar comportamientos inapropiados en dependencias gubernamentales.

Ante estas críticas, Sánchez contraatacó con referencias a la gestión del Partido Popular en múltiples ayuntamientos y administraciones, poniendo como ejemplo casos recientes en Algeciras, Estepona y Ponferrada, donde mencionó el caso de Nevenka Fernández. De acuerdo con el medio, según el presidente, en esos contextos no se produjeron reacciones institucionales ni se activaron protocolos de prevención del acoso, resumiendo: “Nada. Ninguna activación del protocolo”.

El medio también describió cómo, en el marco de la confrontación política, ambos dirigentes recurrieron a cifras oficiales y al historial normativo vigente para fundamentar sus posiciones. Sánchez interpretó que las medidas tomadas por su Gobierno han marcado un progreso significativo en la garantía de los derechos de las trabajadoras, mientras Feijóo reforzó su argumento crítico señalando fallos de supervisión y control en el ámbito del propio Ejecutivo.

El debate también incorporó la revisión de las alianzas políticas y su repercusión sobre las políticas de igualdad. La cobertura periodística recogió que Sánchez asoció a Feijóo con Santiago Abascal y calificó la relación como una “coalición negacionista” que, en su opinión, obstaculiza el desarrollo de normativas para la igualdad y la prevención del acoso laboral. Sánchez justificó la vigencia y robustez de las políticas públicas propulsadas durante su mandato y sostuvo que los gobiernos regionales y locales presididos por el PP y Vox evidencian una falta de avances y colaboración en estos asuntos.

Durante la sesión, resultó evidente la ausencia de consenso en la Cámara sobre la interpretación y la utilidad de los protocolos de acoso laboral. Según el medio original, la discusión puso de manifiesto profundas diferencias entre los bloques parlamentarios respecto a la valoración y actividad de las medidas propuestas para prevenir el abuso en los centros de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad para las trabajadoras.

El caso Salazar sirvió de catalizador para interrogar la idoneidad y alcance de los sistemas de prevención en la administración pública española. Según reseñó el medio, la discusión legislativa arrojó interrogantes sobre los procesos de nombramiento, la transparencia institucional y el impacto social de los escándalos que involucran la integridad profesional, afectando la confianza de la ciudadanía sobre la capacidad del sistema para proteger derechos laborales.

A lo largo de la sesión, tanto el Gobierno como la oposición recurrieron de forma reiterada a estadísticas oficiales, antecedentes reconocidos y hechos recientes para apoyar sus posturas y responder mutuamente a las imputaciones recibidas. El tratamiento del acoso laboral y la valoración sobre los progresos logrados en España persistieron como objeto de controversia política, reflejando la falta de acuerdos amplios que permitan reforzar los mecanismos institucionales. El medio original concluyó que la confrontación en el Parlamento español subrayó tanto la urgencia como la complejidad del reto para asegurar una auténtica protección frente al acoso en el ámbito laboral.