Sumar critica la sentencia del TS contra García Ortiz, que tacha de "escándalo" y "auto de fe" de corte "inquisitorial"

Jaume Asens, eurodiputado y dirigente de los Comunes, centró su crítica en la necesidad de identificar sin ambigüedades al autor de un delito para que la condena resulte jurídicamente válida. Según publicó el medio fuente, Asens cuestionó a través de la red social X que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de García Ortiz recayera sobre una figura indeterminada o “entornos difusos”, observando que jurídicamente solo puede condenarse a una persona concreta. “Pero un delito exige un autor, no entornos difusos. Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio. Esto no es una sentencia: es un auto de fe, de puro estilo inquisitorial”, sostuvo el eurodiputado, conforme recogió la fuente.

El martes se hizo pública la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de secretos, en el marco de un caso vinculado al empresario Alberto González Amador. El medio fuente detalló que las filtraciones relacionadas con este asunto habrían partido, según la sentencia, del propio fiscal o de alguien de su entorno, algo que las fuerzas políticas aliadas con Sumar interpretaron como insuficientemente fundamentado.

Sumar y los partidos que integran su coalición transmitieron su rechazo frontal a la resolución judicial emitida por el Tribunal Supremo. Mediante su cuenta oficial en la red social Bluesky, Sumar declaró: “Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo. La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia." En ese mismo sentido, los portavoces de Sumar y las formaciones aliadas emplearon términos como “escándalo” y “auto de fe” para calificar la sentencia, a la que acusaron de reproducir una lógica “inquisitorial”.

Según consignó el medio fuente, tanto Sumar como sus aliados enfocaron sus críticas en la ausencia de pruebas determinantes y en el recurso a deducciones que consideraron arbitrarias para sostener una condena de este calado. Los argumentos expuestos por los miembros de la coalición denunciaron que el fallo judicial se fundamentó en hipótesis y no en evidencias directas, señalando la falta de atribución clara de la supuesta filtración que vio involucrado al fiscal general o su entorno.

Alberto Ibáñez, representante de Compromís y adscrito al espacio de Sumar, también intervino públicamente atribuyendo la condena a una presunción no demostrada. Según expresó Ibáñez, “O nos lo inventamos, pero vas pa'lante. Escándalo. Sin Estado de Derecho”, una declaración que, de acuerdo a la fuente, resume el sentir del sector político que ve en la sentencia una vulneración de garantías legales fundamentales.

El medio fuente detalló que las preocupaciones de los partidos de Sumar no solo se centraron en las circunstancias particulares de la condena de García Ortiz, sino en la posible erosión del marco institucional y democrático. Las formaciones afines interpretaron que la sentencia marca un precedente peligroso sobre el funcionamiento de la justicia y la independencia de quienes ocupan cargos públicos en defensa de instituciones como la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con lo publicado, Sumar entiende que la Fiscalía General, bajo la dirección de García Ortiz, actuó para proteger la integridad de la institución frente a lo que consideran campañas de desinformación orquestadas por sectores políticos, económicos y financieros con influencia en Madrid. En la valoración de la coalición y sus partidos asociados, la resolución emitida por el Tribunal Supremo debe leerse en el contexto de estas presiones externas y como un reflejo de prácticas que ponen en riesgo la estabilidad del Estado de derecho.

El caso, según reportó la fuente, ha generado una ola de respuestas dentro del espacio político que rodea a Sumar, quienes advirtieron sobre el peligro de que futuras decisiones judiciales puedan verse afectadas por criterios alejados de la legalidad probatoria y más cercanos a valoraciones subjetivas o intereses ajenos al marco constitucional.

Las formaciones políticas que manifestaron su disconformidad con la sentencia recalcaron la importancia de preservar las garantías institucionales y los principios fundamentales de la democracia. Sus portavoces instaron a la revisión del proceso y a la apertura de un debate público sobre los riesgos asociados a la utilización de pruebas consideradas insuficientes para dictar condenas de gran impacto en la estructura del Estado.

El medio fuente subrayó que la preocupación de Sumar y los sectores aliados no se circunscribe únicamente a la figura de García Ortiz, sino que abarca a toda la estructura institucional y las reglas que rigen la actuación de los órganos judiciales. Según esta perspectiva, la falta de pruebas claras y la utilización de deducciones amplifican el riesgo de actuaciones arbitrarias y pueden sentar una tendencia regresiva en materia de protección de derechos y libertades públicas.

Las manifestaciones públicas difundidas tras la sentencia, según lo informado, subrayaron la urgencia de defender la democracia y la necesidad de garantizar que los procesos judiciales se desarrollen bajo parámetros de objetividad y con sólidas bases probatorias. Los partidos agrupados en torno a Sumar insistieron en que resoluciones como la dictada por el Tribunal Supremo requieren una profunda revisión, tanto por lo que implican para el caso particular como por sus posibles efectos en el ejercicio de cargos públicos y en el mantenimiento de un Estado de derecho robusto en España.