PSOE permite tramitar en el Congreso la ley de sus socios para equiparar lenguas cooficiales y castellano en toda España

La Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo contempla la validación estatal de documentos legales escritos tanto en gallego, euskera o catalán como en castellano, sin que resulte necesaria una traducción para su tramitación o reconocimiento. De acuerdo con la información proporcionada por El Mundo, esta reforma aspira a modificar la operatividad de la Administración General del Estado, afectando sectores como la Justicia, la contratación estatal y los servicios públicos, e impondrá nuevas obligaciones a organismos, plataformas digitales y empresas bajo regulación nacional para garantizar la atención y la tramitación de procedimientos en todas las lenguas oficiales reconocidas en España.

Según informó El Mundo, la propuesta recibió la luz verde del Congreso de los Diputados para iniciar su trámite parlamentario con el respaldo del PSOE y de una coalición compuesta por ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís y representantes de Sumar, quienes lideraron la presentación del texto. Esta iniciativa plantea igualar de manera efectiva el uso administrativo y legal del gallego, euskera y catalán con el castellano, eliminando la preeminencia institucional histórica de este último en los procesos públicos de carácter estatal.

El proyecto abarca un total de 15 leyes estatales que se modificarían para garantizar la implementación real del pluralismo lingüístico en todos los ámbitos directamente dependientes del Estado. El texto incluye la introducción de criterios lingüísticos específicos para el acceso a la función pública, la Administración de Justicia y los contratos estatales en comunidades autónomas con lenguas propias. Según detalló El Mundo, la propuesta fija la capacitación lingüística obligatoria para quienes opten a estos puestos en los territorios afectados, con el objetivo de facilitar la atención integral en el idioma elegido por el ciudadano.

La reforma proyecta que portales digitales, organismos públicos, el sector audiovisual y servicios tan diversos como el transporte o la seguridad deberán ofrecer recursos y atención en cada una de las lenguas oficiales, sin excepciones, según reportó El Mundo. Esta universalidad se extiende a los sistemas de atención ciudadana y a todas las plataformas digitales de la Administración estatal, que se adaptarían progresivamente para resultar completamente operativas en cada idioma reconocido por la normativa vigente.

En el debate que precedió la aprobación de la toma en consideración del texto, los portavoces de las fuerzas nacionalistas y regionalistas señalaron que la reforma responde a mandatos constitucionales, en especial el referente a la promoción y reconocimiento de la pluralidad lingüística del país. Argumentaron que la aprobación de esta nueva ley supondría la superación de años de aplicación parcial de derechos y la respuesta pendiente a una demanda sostenida en los territorios con lengua propia, según relató El Mundo.

El portavoz socialista Marc Lamuá defendió la posición del PSOE de facilitar el desarrollo del texto legal al entender que la protección activa de todas las lenguas oficiales forma parte de la defensa de la democracia y los derechos fundamentales, compromiso que, según sus palabras recogidas por El Mundo, promueve una España “diversa, plural y cohesionada”.

Por parte de Sumar, Aina Vidal subrayó en la Cámara que la iniciativa no puede considerarse como una concesión política, sino como un cumplimiento tanto de la Constitución como de compromisos europeos en materia lingüística. Vidal denunció en sede parlamentaria “incumplimientos sistemáticos” en la protección y promoción de gallego, catalán y euskera, según reiteró El Mundo.

Entre las reacciones de la oposición, los portavoces del Partido Popular y de Vox manifestaron sus reservas por considerar que la extensión de la cooficialidad lingüística a todo el Estado excede el marco constitucional. Argumentaron, citando al artículo 3 de la Constitución, que el castellano es la única lengua oficial en toda España y que la oficialidad de otras lenguas queda limitada a sus autonomías. Marta González, diputada popular, afirmó según El Mundo que la proposición busca “desbordar el marco constitucional” y acusó al PSOE de responder a la presión nacionalista. A su vez, Jorge Campos, de Vox, expresó que el fin del proyecto es “acabar con el español como lengua oficial”, alertando sobre posibles agravios contra hablantes de castellano en sus relaciones con la Administración.

El grupo de partidos nacionalistas defendió la propuesta como una herramienta para subsanar desigualdades históricas en el acceso y el uso de las lenguas propias en el espacio estatal. Álvaro Vidal, de ERC, calificó según El Mundo de “escandalosa” la escasa aplicación institucional del reconocimiento a la pluralidad lingüística, subrayando que a su juicio “ya no hay excusas” para no corregir los desequilibrios existentes. En el caso del PNV, el diputado Joseba Aguirretxea enmarcó la iniciativa en reclamaciones de larga data por parte de los territorios con lengua propia, reclamando “respeto, libertad y derechos ciudadanos”. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, destacó que la nueva ley reduciría la brecha existente entre el castellano y el euskera en términos legales y expresó su preocupación por la actitud del PSOE en el País Vasco.

Junts se declaró favorable a los términos generales del proyecto, aunque la diputada Pilar Calvo puso en cuestión el abordaje constitucional y defendió que la gestión de la política lingüística catalana debe recaer en la autonomía competente, no en la intervención estatal. Calvo también mostró escepticismo respecto a la voluntad del PSOE de agilizar el trámite parlamentario, según recogió El Mundo.

Durante la sesión, Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, atribuyó la falta de desarrollo completo del artículo 3.2 de la Constitución a las principales fuerzas políticas, lo que —dijo— impide calificar a España “como un país realmente plurilingüe y social”. Representantes de Compromís y del BNG, como Águeda Micó y Néstor Rego, indicaron que con esta normativa cualquier ciudadano podría usar la lengua propia de su autonomía frente a la Administración nacional sin que medien trabas legales o administrativas. Afirmaron que la propuesta acerca la legislación española a los estándares de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, eliminando obstáculos que, según los proponentes y citados por El Mundo, siguen presentes en la actualidad.

Según describió El Mundo, la norma incorpora un apartado educativo que prevé dar prioridad, en los territorios correspondientes, al uso de la lengua propia como idioma vehicular en el sistema de enseñanza, pero exige a su vez que los estudiantes finalicen la educación obligatoria dominando tanto el idioma cooficial como el castellano.

La aprobación de la propuesta quedaría, de avanzar, como uno de los cambios más relevantes en la gestión de la diversidad lingüística a nivel estatal. Los promotores sostienen que se pondría fin a prácticas que consideran ineficaces en la aplicación de la protección constitucional y europea de los derechos lingüísticos, según consignó El Mundo. El texto continuará su recorrido parlamentario respaldado por los partidos impulsores y el PSOE, abriendo una nueva etapa de debate acerca de la igualdad legal de las lenguas oficiales en España y sus limitaciones dentro del marco constitucional vigente.