Citada como investigada la exalcaldesa de Maracena (Granada) por presunta prevaricación en una gasolinera

El informe de la Guardia Civil sobre las operaciones financieras ligadas al entorno de la exalcaldesa de Maracena, Berta Linares, señala movimientos económicos atípicos durante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama, pagados en efectivo por miembros de su núcleo familiar, según detalló Europa Press. Estos datos han llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de blanqueo de capitales y proponer la expansión de las pesquisas hacia otros integrantes del anterior equipo de gobierno municipal. En paralelo, el análisis se orienta a la presunta concesión irregular y puesta en servicio de una estación de servicio en el municipio de Maracena, Granada, hechos que han derivado en la citación judicial de Linares como investigada por probables actos de prevaricación el próximo 29 de enero.

De acuerdo con Europa Press, la causa se origina tras la concesión en noviembre de 2012 de un contrato para desarrollar un centro comercial y un aparcamiento subterráneo, proyecto que contemplaba la construcción de una estación de servicio. A partir de la intervención judicial de aquel periodo, el expediente municipal quedó paralizado durante años como consecuencia de un requerimiento legal, según el mismo medio. La documentación incorporada al sumario y a la que ha tenido acceso Europa Press, y adelantada también por Ideal, revela que dicho establecimiento inició operaciones a finales de 2022 sin contar con una licencia de actividad válida, lo que ha motivado la intervención de los órganos técnicos municipales. Un informe técnico precisó que la estación funcionó pese a la ausencia de una autorización administrativa dentro del plazo correspondiente, lo que evidencia irregularidades en la tramitación.

La Policía Judicial de la Guardia Civil estructuró en sus informes una situación que hace converger presuntas irregularidades administrativas con operaciones financieras sin justificar, todo ello enmarcado en relaciones familiares que añaden entidad al caso, explicó Europa Press. El vínculo entre Berta Linares y Noel López, exalcalde de Maracena y primo de la exregidora, se destaca en el informe. Durante la fase en la que se adjudicó originalmente el contrato y se produjeron las interrupciones administrativas, López ejercía como máximo responsable del ayuntamiento y, actualmente, ocupa un puesto como diputado andaluz por el PSOE. Según recogió Europa Press, los investigadores han sugerido que se extienda la búsqueda documental sobre López, para determinar si él o su entorno se beneficiaron económicamente tras la puesta en marcha de la gasolinera.

Respecto al funcionamiento de la estación de servicio, el informe policial señala que la licencia estaba caducada al momento de abrirse al público. El proceso legal y administrativo sufrió demoras desde la paralización inicial, cubriendo un periodo que abarca desde la adjudicación original, pasando por varios años de inactividad, y posteriormente el reinicio de las obras entre 2019 y 2021. Esta dilación y la posible ausencia de control administrativo han centrado el interés de los investigadores, que buscan definir si existe responsabilidad por parte del anterior gobierno local, reiteró Europa Press.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, encargado del caso, se encuentra valorando la posibilidad de ampliar el alcance de las diligencias patrimoniales hacia otros responsables públicos. Por el momento, el tribunal no ha emitido resolución sobre la solicitud realizada por la Policía Judicial para extender las actuaciones. Además de Linares, el próximo 29 de enero también deberán declarar dos técnicos municipales y la exconcejala de Urbanismo, Vanessa Romero, quienes fueron llamados como testigos, informó Europa Press.

Dentro del contexto judicial, Vanessa Romero figura en otro proceso independiente, consecuencia de un presunto secuestro ocurrido en 2023. El autor señalado es la expareja sentimental de Linares, caso por el que la Audiencia de Granada tiene previsto fijar la vista oral entre el 4 y el 6 de febrero de 2026. Según datos difundidos por Europa Press, este procedimiento no se encuentra relacionado con la adjudicación de la estación de servicio y la única persona procesada es el exnovio de la exalcaldesa.

La instrucción sobre los hechos vinculados a la gasolinera continúa en su etapa preliminar y el futuro de la causa judicial dependerá tanto de los testimonios que se recojan próximamente, como de los resultados que surjan de una posible ampliación de la investigación patrimonial a otros actores del anterior gobierno local, según precisó Europa Press. Las pesquisas de la Guardia Civil siguen abiertas, con particular atención a los vínculos familiares y la posible repercusión económica obtenida a través de las decisiones municipales investigadas.