
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que las compras de mascarillas durante la emergencia sanitaria se desarrollaron conforme a lo dictado por la ley y defendió que ningún procedimiento presentó incidencias. Según informó el medio Vozpópuli, Grande-Marlaska respondió así a las acusaciones formuladas por Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien señaló directamente al Ministerio del Interior en relación con la adquisición de mascarillas vinculadas a una trama bajo investigación judicial.
Durante una intervención ante los medios en Caudete, Albacete, donde acudió para inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil, el ministro se refirió a estas imputaciones. De acuerdo con Vozpópuli, Grande-Marlaska expresó que únicamente puede valer lo que resuelvan los tribunales y enfatizó que, en lo que compete a su departamento, los procedimientos para la compra de mascarillas se ajustaron plenamente a la normativa vigente en el contexto de la pandemia. Insistió en que dichos procedimientos fueron objeto de análisis por parte del Tribunal de Cuentas y contaron con la intervención que correspondía, sin que se detectaran irregularidades o problemas, tanto en la celebración de los contratos de emergencia como en su formalización y posterior cumplimiento.
El medio Vozpópuli detalló que el titular de Interior recalcó la ausencia de incidencias en todo el proceso, incluyendo tanto la adjudicación y ejecución de los contratos como el suministro efectivo del material de protección. Grande-Marlaska subrayó que todas las actuaciones de su cartera tuvieron como objetivo principal salvaguardar la integridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Argumentó que, en aquellos momentos críticos de la emergencia sanitaria, estas instituciones cumplían una labor esencial y requerían equipamiento adecuado hasta que pudieron obtener por sí mismas los recursos de protección personal necesarios.
Grande-Marlaska añadió, según publicó Vozpópuli, que su departamento se limitó a cumplir el marco legal vigente durante toda la operación de suministro de mascarillas, manteniendo en todo momento la legalidad de los procesos. Destacó igualmente que la actuación fue revisada y evaluada por los organismos de control pertinentes, sin hallarse datos que apunten a comportamientos anómalos o ilícitos por parte de responsables o funcionarios del Ministerio del Interior.
Las declaraciones del ministro llegan en un contexto en el que las compras públicas de material sanitario han sido objeto de investigaciones y debates públicos. La intervención de Grande-Marlaska, recogida por Vozpópuli, se produjo en respuesta directa a la pregunta de los medios sobre una reciente entrevista en la que Víctor Ábalos vinculó estas adquisiciones a prácticas irregulares. Grande-Marlaska, en su comparecencia, defendió la transparencia y legalidad de todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio que encabeza.
En relación con las auditorías practicadas, la información facilitada por Grande-Marlaska y recogida por Vozpópuli refiere que tanto la intervención previa como la posterior revisión a cargo del Tribunal de Cuentas descartaron cualquier anomalía durante la adquisición y entrega de las mascarillas. Con estas afirmaciones, el ministro del Interior reiteró su disposición a que los tribunales resuelvan cualquier cuestión legal planteada y manifestó confianza en el trabajo de los órganos fiscalizadores.
Las imputaciones difundidas por Víctor Ábalos han reavivado el escrutinio en torno al proceso de adquisición de material sanitario en distintas carteras ministeriales durante la fase más aguda de la emergencia por la COVID-19. Según Vozpópuli, Grande-Marlaska ha situado el foco en la importancia del cumplimiento escrupuloso de los procedimientos, la intervención de los órganos de control y la evaluación sistemática por parte de entes independientes. Su argumento central insiste en que los expedientes se tramitaron conforme a las exigencias legales, especialmente teniendo en cuenta la premura y gravedad de la situación de emergencia que entonces enfrentaba el país.
El medio Vozpópuli informó que, durante la atención a medios posterior al acto oficial en Caudete, Grande-Marlaska rechazó cualquier presunción de responsabilidad por parte del Ministerio del Interior en relación a la trama investigada. Su posición se ha mantenido invariable respecto a que las actuaciones de su cartera se enmarcaron dentro de la legalidad, orientadas exclusivamente a la protección de los cuerpos policiales y la garantía de sus funciones durante la crisis sanitaria.
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