El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

La posibilidad de que el Tribunal Constitucional intervenga para resolver la controversia entre el Senado, el Congreso y el Gobierno adquiere protagonismo tras el recurso institucional activado por la Cámara Alta. Según Europa Press, este escenario responde al agotamiento del plazo de 30 días previsto para la búsqueda de una solución política respecto a la exclusión de dos enmiendas clave, lo que abriría la vía judicial para dirimir las competencias de cada poder y establecer criterios para futuras situaciones similares.

El origen de la disputa se encuentra en las enmiendas número 118 y 148, vinculadas a la Ley de Movilidad Sostenible. Tal como publicó Europa Press, ambas iniciativas fueron bloqueadas por el Ejecutivo y posteriormente excluidas de la ley por decisión del Congreso de los Diputados, lo que condujo al actual enfrentamiento institucional. El Partido Popular (PP), con mayoría en el Senado, impulsó y defendió la inclusión de estas enmiendas durante la tramitación parlamentaria. La enmienda 148 proponía compensaciones económicas para los adjudicatarios de contratos públicos afectados por reformas legales que incrementasen sus costes de explotación, mientras que la número 118 buscaba ampliar la financiación estatal para infraestructuras de movilidad eléctrica y modernización de flotas en el ámbito rural, incluyendo incentivos fiscales y subvenciones.

Europa Press reportó que, tras el veto ejercido por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Congreso ratificó la exclusión de las enmiendas bajo el argumento de proteger la distribución y el equilibrio de los recursos presupuestarios. El Ejecutivo se basó en su facultad legal para bloquear iniciativas que, a su juicio, alterasen de manera significativa la estructura del gasto público previamente aprobado. Esta interpretación llevó al Senado a reclamar la restitución de sus competencias legislativas, una medida formalizada a través del recurso institucional previsto por el reglamento parlamentario.

El procedimiento de reclamación activado por el Senado otorga un mes a las partes involucradas para intentar llegar a un acuerdo por vías internas. Según detalla Europa Press, de no lograrse una solución consensuada, el caso pasará al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la eventual transgresión o limitación de atribuciones por parte de Ejecutivo y Congreso respecto a la Cámara Alta. Esta decisión judicial tendrá repercusiones para la delimitación de competencias entre los distintos órganos del Estado en el ámbito del control presupuestario y la iniciativa legislativa.

En el trasfondo de la disputa se encuentran cuestiones estructurales del sistema político español. Europa Press explica que episodios similares han tenido lugar previamente, como se observó durante la tramitación de la Ley de Amnistía y las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, reflejando las dificultades para coordinar la innovación legislativa con la gestión financiera pública. La exclusión de propuestas que implican incremento del gasto o la creación de nuevos mecanismos de protección económica suele tensionar la relación entre Gobierno y Parlamento, especialmente cuando afectan a sectores regulados o a la prestación de servicios bajo contrato público.

Durante el debate legislativo de la Ley de Movilidad Sostenible, el Senado introdujo varias enmiendas, muchas presentadas por el PP, de las cuales algunas recibieron la aprobación del Congreso. No obstante, en lo relativo a la mejora de la cobertura para la movilidad eléctrica rural y la protección de concesionarios frente a cambios normativos, no se logró el respaldo necesario, lo que derivó en el actual proceso de reclamación institucional. Europa Press destaca que la Cámara Alta considera esta exclusión como una vulneración de su autonomía reglamentaria, al tiempo que el Ejecutivo insiste en su prerrogativa de salvaguardar la estabilidad de las cuentas públicas.

La controversia ha situado a la enmienda 148, referida a la revisión económica de contratos adjudicados por el sector público, y a la enmienda 118, relativa a la financiación e incentivos a la modernización de la movilidad en zonas rurales, en el centro de un debate sobre el impacto de los cambios legislativos sobre las empresas y particulares involucrados en la provisión de servicios públicos. Según señala Europa Press, ambas propuestas fueron diseñadas para responder a desafíos identificados durante el proceso parlamentario, especialmente en materia de sostenibilidad, protección contractual y adaptación de las infraestructuras a los modelos de movilidad emergentes.

El Ejecutivo ha defendido ante las cámaras su facultad constitucional y legal para vetar aquellas enmiendas que impliquen un aumento de gasto no previsto en los presupuestos vigentes, conforme a la normativa presupuestaria. La postura del Gobierno fue respaldada por el Congreso, que optó por mantener la exclusión de las reformas impulsadas desde el Senado, consolidando el criterio de protección del equilibrio financiero estatal frente a iniciativas que conlleven nuevas obligaciones económicas.

El análisis de Europa Press indica que este tipo de enfrentamientos responde a una pugna de fondo sobre los alcances de la autonomía parlamentaria frente a la prioridad ejecutiva de garantizar la viabilidad del gasto público. La reiteración de recursos institucionales y la judicialización de estas disputas evidencian la dificultad para armonizar prerrogativas, en un contexto donde la definición de partidas presupuestarias y la atribución de competencias resultan objeto de negociación y conflicto recurrente.

Cualquier resolución que adopte el Tribunal Constitucional establecerá un referente para el tratamiento de futuras controversias sobre la modificación legislativa de aspectos con impacto financiero. Según resalta Europa Press, el precedente que se siente condicionará la interacción entre Senado, Congreso y Ejecutivo, además de influir en la gestión y distribución de las responsabilidades legales y presupuestarias en el desarrollo de nuevas políticas públicas.