La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado este viernes al Tribunal Supremo "que dé a conocer de inmediato la sentencia completa" por la que se condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que es "violencia institucional" el hecho de que aún no se conozcan los argumentos del fallo. "La motivación judicial no puede seguir esperando", ha asegurado.
Así se ha pronunciado en un comunicado la asociación a la que perteneció García Ortiz y de la que fue portavoz la fiscal Teresa Peramato, la candidata del Gobierno para asumir la jefatura del Ministerio Público tras la condena.
El escrito de la UPF tiene lugar ocho días después de que el Supremo adelantara el fallo relativo a García Ortiz y diese a conocer su decisión de condenarle a dos años de inhabilitación, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
"La conmoción que aquella decisión provocó en la opinión pública no ha remitido", señala, al tiempo que aduce que "la falta de fundamentación jurídica mantiene a la sociedad -y al propio afectado- en un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia".
En este sentido, la asociación manifiesta que "cuando la motivación se dilata durante días o semanas, se debilita la confianza pública, se enturbia el debate democrático y se alimentan sospechas que perjudican a todas las instituciones".
Por ello, solicita "públicamente" al Supremo "que dé a conocer de inmediato la sentencia completa con su fundamentación jurídica". "Solo así podrá restablecerse la normalidad institucional, garantizarse el derecho del afectado y ofrecerse a la ciudadanía la información necesaria para comprender una resolución de tan extraordinaria trascendencia", apunta.
En este sentido, la UPF incide en que la "fortaleza de una democracia se mide por el rigor y la transparencia de sus instituciones". "Y en este caso, la motivación judicial no puede seguir esperando", añade.
"ESTE CASO EXIGE ESTÁNDARES REFORZADOS"
En esta misma línea, sostiene que la motivación del fallo "no es un trámite accesorio", sino "la garantía democrática esencial". "Es lo que permite controlar la racionalidad de una decisión, verificar el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia y asegurar que una condena se dicta conforme a la ley, no a percepciones externas ni a presiones mediáticas o políticas".
A su juicio, "privar temporalmente" a García Ortiz y "a la ciudadanía" de dicha motivación "produce una grave inseguridad jurídica y genera un daño institucional y personal difícilmente reparable".
La asociación recalca que "quien es condenado sin conocer los fundamentos de la condena queda expuesto ante la sociedad en una situación que solo puede describirse como una forma de violencia institucional" porque "se le atribuye la máxima responsabilidad penal posible en su ámbito sin que se hagan públicos los argumentos que justificarían tan excepcional severidad".
Al hilo, la Unión destaca que éste no es un litigio ordinario. Recuerda que se trata de "la primera causa penal en la historia contra un fiscal general del Estado", por lo que entiende que "este caso exige estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías, no procedimientos abreviados ni prácticas propias de asuntos de naturaleza completamente distinta".
Para la asociación, en este caso "no puede considerarse argumento válido afirmar que, en ocasiones, el Tribunal Supremo haya anunciado fallos en recursos de casación sin tener redactada la sentencia".
La UPF incide en que la resolución sobre García Ortiz no responde a un recurso de casación, sino a un juicio de primera y única instancia. "En este caso no existe ninguna resolución anterior: el Supremo es el único tribunal que juzga, condena y motiva (...) Por eso la motivación es esencial y no puede retrasarse: es la única explicación posible de por qué se condena", añade.
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