La APM acusa a Sánchez de "intromisión" por sus palabras sobre el caso del fiscal general del Estado

Durante la clausura del XXVII Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), desarrollado en Murcia, la presidenta de la organización, Mª Jesús del Barco, expresó su escepticismo acerca del anuncio del Gobierno sobre la creación de 2.500 plazas de jueces y fiscales, puesto que el Ejecutivo central carece actualmente de presupuestos para financiar esta iniciativa. La noticia principal de la jornada fue la demanda de la APM al cese inmediato de las declaraciones que describió como ataques al Tribunal Supremo y al Poder Judicial, tras las declaraciones recientes del presidente Pedro Sánchez acerca del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Según informó la APM y publicó el medio, la organización incluyó esta exigencia en una declaración institucional, en la que consideró “graves” algunas de las intervenciones públicas a raíz de las palabras de Sánchez, quien afirmó que García Ortiz era inocente mientras el proceso judicial aún continuaba. De acuerdo con la APM, tales afirmaciones constituyen una “intromisión” por parte del presidente del Gobierno, a quien responsabilizaron directamente de menoscabar la autonomía institucional del Poder Judicial.

En el acto de clausura del congreso, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la postura de Sánchez subrayando que dentro del marco democrático es posible expresar críticas o diferencias frente a resoluciones judiciales siempre que se haga “con respeto”, lo que, según sus palabras recogidas por el medio, representa el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Bolaños puntualizó que “en ningún momento deslegitimamos ni a la Justicia en su conjunto ni a ningún Tribunal”, en alusión a las declaraciones señaladas por la APM.

Durante su intervención, Del Barco confrontó a Bolaños y rechazó sus argumentos con la frase: “Hoy vienes a vendernos tu producto, como viene siendo habitual, no te lo vamos a comprar porque viene con vicios ocultos y otros tan obvios que son cegadores”. Esta declaración recibió el aplauso de los asistentes al evento. Del Barco atribuyó la falta de un Pacto de Estado a la polarización política y expresó dudas sobre la viabilidad de la ampliación de plazas judiciales, dado el contexto presupuestario actual.

En lo relativo a la reforma del acceso a la carrera judicial, la presidenta de la asociación reclamó al Gobierno que no promueva el relato de que los jueces accedieron a sus cargos debido a la fortuna familiar. Según Del Barco, la mayoría de los miembros del Poder Judicial ingresó tras superar una oposición gracias al esfuerzo individual. Resaltó que el 57% del colectivo está compuesto por mujeres y que únicamente el 5,84% de sus integrantes cuenta con familiares en la Judicatura. Criticó una campaña del Ejecutivo que difundía el lema “Poder ser juez como tu padre”, y cuestionó el mensaje transmitido, tildándolo de inexacto y desacertado en relación con la realidad del cuerpo judicial.

La presidenta de la APM denunció también que las reformas legales impulsadas por el Gobierno buscan controlar a los jueces, asegurando que no permanecerán en silencio porque “el silencio sería la peor mentira y no somos mentirosos”. Durante el acto, Del Barco anticipó que el ministro aseguraría que la Ley de Eficiencia representa la solución para los problemas del sistema judicial y le deseó irónicamente que sus reformas “duerman el sueño de los justos”. Manifestó además que no pediría la dimisión de Bolaños, expresando desconfianza respecto a posibles relevos en el cargo.

Al tomar la palabra, el ministro Bolaños insistió en que acudió al congreso de la APM “a ser escuchado” por tratarse de la agrupación mayoritaria, lamentando la falta de apertura entre algunos asistentes. Señaló que espera que su exposición sirva para demostrar que “este señor no parece que quiera acabar con el Estado de Derecho ni con la independencia judicial”. Bolaños defendió el carácter reformista de su gestión, recalcando la necesidad de renovar leyes y normas que considera obsoletas, ya que la ausencia de cambios “cronifica los problemas”.

De acuerdo con información publicada por el medio, Bolaños resaltó que “ni una coma de las reformas afecta a la independencia judicial, a la separación de poderes o al Estado de Derecho”. También abordó el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, haciendo referencia a la desmoralización de jueces y magistrados que aspiran a progresar en sus carreras. Explicó que puso esfuerzo en destrabar esta situación y agradeció a la APM el respaldo mostrado en dicho proceso.

El ministro aportó datos sobre los efectos de la Ley de Eficiencia, detallando que la pendencia judicial se redujo en España un 5% y que en Molina de Segura el descenso alcanzó el 92%. Añadió que la promoción de los Medios Adecuados de Solución de Controversias consiguió disminuir los asuntos en un 9% en la jurisdicción civil, aunque esta afirmación provocó risas entre los asistentes, quienes también reaccionaron cuando afirmó que el Ministerio Fiscal “actúa con autonomía”. Bolaños expresó su desagrado ante estas respuestas.

Bolaños afirmó, al ser citado por el medio, que ninguna comunidad autónoma solicitó prorrogar la entrada en vigor de la tercera fase de la Ley de Eficiencia y se mostró dispuesto a dialogar para buscar soluciones. En lo referente a la dotación de nuevos jueces, el ministro explicó que la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial contempla el presupuesto para crear 2.500 puestos en el plazo de tres años, dependiendo de la aprobación de la ley o la Ley de Presupuestos. Sobre el mecanismo de selección de jueces sustitutos, indicó que se realizará mediante concurso oposición para asegurar el nivel requerido y, en los casos en que no se alcance, los candidatos recibirán una indemnización.

Según consignó el medio, el debate reflejó la persistencia de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el órgano de representación de los jueces en torno a la independencia judicial, la capacidad de crítica en el entorno democrático y la viabilidad de las reformas legales anunciadas.