Vox aspira a que el Congreso inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que cese a los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Interior, Fernando Grande Marlaska, así como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, por su responsabilidad en las "sospechas se corrupción" que recaen sobre sus respectivos ministerios.
En una proposición no de ley, recogida por Europa Press, los de Santiago Abascal, que ya se habían querellado contra Sánchez por presunto falso testimonio en la Comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', también pretenden que el Congreso censure la actuación de ambos ministros.
Incluso aspira a que el Pleno de la Cámara inste a Sánchez a cesar a ambos y a la directora de la Benemérita. En el hipotético caso de ser aprobado el texto, se trata de una solicitud meramente simbólica puesto que la potestad de nombrar y cesar a los ministros corresponde en exclusiva al jefe del Ejecutivo.
LA "DEJACIÓN DE FUNCIONES" DE MARLASKA
En concreto, la tercera fuera del Congreso sugiere el cese de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por su responsabilidad política derivada de "las gravísimas sospechas de corrupción" que recaen sobre el Ministerio que dirige.
Además, pide el cese del ministro del Interior y de la directora general de la Guardia Civil, en su caso por su "manifiesta dejación de funciones" en la defensa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante los "ataques" recibidos, así como por las operaciones urdidas por una militante del PSOE contra dicha unidad y sus mandos, en referencia a Leire Díez, implicada en la trama de corrupción que rodea al PSOE.
Vox aprovecha su proposición para instar al Gobierno a poner fin a sus "continuos ataques" a la Justicia, así como a colaborar "plenamente" en el esclarecimiento del 'caso Koldo', "que vincula a numerosos miembros del Gobierno y a la familia y entorno más cercano de su presidente".
Y QUE RESPETE LA ACTUACIÓN DE LA UCO
De la misma manera, le exige que abandone su "inaceptable" actitud de "colonización" de las principales instituciones del Estado por personas afines a las fuerzas parlamentarias que lo sostienen en el Congreso.
Asimismo, los de Abascal quieren que el Gobierno manifieste "el más absoluto respeto" por la actuación de "todos" los servidores públicos, y que garantice su "imparcialidad y profesionalidad" para esclarecer y perseguir las posibles acciones delictivas mencionadas.
Por último, también pretenden que el Gobierno ponga fin a la "gravísima degradación" institucional promovida desde el Gobierno que, según el texto, "amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar el Estado de Derecho".
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