El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno ya ha anunciado que activará el proceso para designar a su sucesor.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha adelantado este jueves que el próximo jefe del Ministerio Público será "una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".
Así, de hecho, lo fija el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF): "El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".
El texto legal establece que "no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico".
Este apartado formó parte del acuerdo que el PSOE y el PP suscribieron en junio de 2024 cuando renovaron el CGPJ, ante la polémica que desató que el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020 nombrara a Dolores Delgado jefa del Ministerio Público un mes después de su salida del Ministerio de Justicia.
Según el Estatuto, tampoco podrá ser propuesto para fiscal general "quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma".
DEBERÁ COMPARECER ANTE EL CONGRESO
Una vez que el Gobierno haya recibido el informe del CGPJ podrá comunicar su propuesta al Congreso de los Diputados. Solo entonces la Cámara fijará la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente para valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.
Cuando el Ejecutivo nombre al nuevo fiscal general del Estado, éste prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
El propio Estatuto Fiscal determina que el mandato del jefe del Ministerio Público tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.
El mandato del fiscal general no podrá ser renovado, excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.
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