El Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao ha dado la razón a CCOO Hábitat de Euskadi en el conflicto colectivo presentado contra Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España S.L., reconociendo que la empresa debe asumir diversos gastos necesarios para el desempeño profesional de los vigilantes de seguridad privada.
La sentencia es ya firme tras el desistimiento del recurso presentado por la compañía ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, según ha informado CCOO.
El conflicto se inició el 17 de julio de 2025, cuando CCOO reclamó ante el Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao el abono de gastos que las empresas del sector estaban trasladando indebidamente a la plantilla, entre ellos la obtención y renovación del carnet de conducir.
Al no alcanzarse acuerdo, el sindicato interpuso demanda judicial. La sentencia establece que Prosegur deberá hacerse cargo de los costes de obtención y renovación de la habilitación profesional (TIP), incluyendo tasas y certificados, reconociendo además el tiempo dedicado como tiempo efectivo de trabajo.
Asimismo, deberá asumir los costes de obtención y renovación del permiso de armas, cuando el servicio lo requiera, también con reconocimiento como tiempo efectivo de trabajo, así como los costes de obtención y renovación del permiso de conducir, en los casos en que la conducción sea necesaria para el servicio, igualmente considerando ese tiempo como trabajo efectivo.
CCOO Hábitat de Euskadi ha valorado "muy positivamente" esta resolución, que "pone fin a una práctica injusta y generalizada en el sector: trasladar a las personas trabajadoras el coste de certificados y permisos imprescindibles para su labor diaria".
En esa línea, el sindicato ha anunciado que exigirá al resto de empresas del sector el cumplimiento de estas obligaciones en base a esta sentencia.
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