
La vida de un hombre francés dio un giro inesperado cuando, tras convivir durante cuatro años con su gato, las autoridades descubrieron que el felino había ingresado al país de manera ilegal. Esta situación ponía a su dueño ante una amenaza muy seria: podía enfrentarse a una multa de hasta 300.000 euros e incluso a dos años de prisión. Por si fuera poco, el animal también corría el riesgo de ser sacrificado, lo que convirtió un trámite administrativo en una pesadilla para ambos.
A finales de 2022, Thierry Puech, residente de Sète, perdió a su mascota. Para llenar ese vacío, decidió acudir a una asociación local especializada en adopciones de animales, llamada Patte de Velours, con el objetivo de encontrar un nuevo gato. Fue allí donde apareció Tigrou, un felino que estaba siendo acogido temporalmente por otra familia.
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Sin embargo, no todo fue sencillo. “La asociación me dijo que no habían podido leer su microchip, igual que el veterinario al que lo llevé en enero de 2023 para una revisión dental”, explicó Puech en declaraciones a Midi Libre. A pesar de esta dificultad, Tigrou recibió desde el principio todo el cariño y la atención de su nuevo dueño, quien lo llevaba regularmente a la clínica La Corniche para controles y vacunas.

En 2026, surgió una situación de emergencia. Tigrou desarrolló cálculos en la vejiga, lo que obligó a Puech a llevarlo a otro veterinario para una intervención especializada. Gracias a la atención de los expertos, el gato se recuperó por completo. Tras la operación, el veterinario le recomendó a Puech obtener una tarjeta I-CAD, un certificado oficial que acredita la propiedad del animal e incluye todos sus datos. Sin embargo, al solicitarla, recibió una carta donde le informaban que su gato era considerado ilegal, importado sin declarar y que, por lo tanto, no estaba vacunado contra la rabia.
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En Francia y en la Unión Europea, para que un animal pueda acceder legalmente desde otro país, debe estar identificado con microchip y tener una vacunación antirrábica válida antes de la entrada al territorio.
El felino era ilegal, provenía de Túnez
Tras examinar nuevamente el microchip, esta vez sí funcionó y las autoridades descubrieron que Tigrou provenía de Túnez. “El problema era que si en 48 horas no presentaba una justificación, me enfrentaba a una multa de 300.000 euros, dos años de prisión y a la eutanasia del gato”, contó Puech. Ante la gravedad de la situación, actuó de inmediato.
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Al día siguiente, acudió a la Dirección Departamental de Protección de la Población (DDPE) para explicar que llevaba cuatro años cuidando de Tigrou. Allí presentó toda la documentación de los cuidados que había recibido el animal desde 2022. Además, la familia que había acogido temporalmente a Tigrou envió un correo electrónico confirmando la información.
Una semana después, Puech recibió la mejor noticia posible: los procedimientos judiciales se habían archivado y la situación se había regularizado. Desde entonces, Tigrou continúa viviendo con su dueño, ahora reconocido oficialmente como su propietario, sin haber tenido que enfrentar ningún riesgo.
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