Madrid, 31 oct (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el arranque del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática del Palacio de la Magdalena, en Santander, antiguo campo de concentración del régimen franquista que funcionó como tal desde finales de agosto de 1937 hasta noviembre de 1939.
El campo de La Magdalena, instalado en las caballerizas del Palacio llegó a albergar más de 1.600 prisioneros y cumplió una función estratégica: tras la caída de Euskadi, se convirtió en el principal espacio de internamiento para sospechosos políticos y militares republicanos, en muchos casos sin juicio ni garantías.
Los prisioneros podían permanecer meses detenidos antes de ser interrogados, y muchos morían antes de que llegara ese momento. La ubicación geográfica del palacio hacía de él un lugar idóneo para la reclusión: una península cerrada con accesos controlados, de la que solo era posible escapar a nado.
Fue además uno de los primeros campos de concentración establecidos por el franquismo y el más fotografiado, al servir de modelo para la creación de otros campos en toda España. Desde sus primeros días, el régimen lo utilizó como herramienta de propaganda.
En la actualidad, la documentación sobre este campo se conserva principalmente en el Archivo General Militar de Ávila y en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde se continúa investigando sobre uno de los episodios más oscuros de la posguerra en Cantabria, explica la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Con esta declaración, se quiere preservar y dignificar el recuerdo de las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El procedimiento abre un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento de Santander, como titular, realice las alegaciones oportunas y se pronuncie expresamente sobre el régimen de protección del bien, además de requerir informes a la Universidad de Cantabria y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
También se iniciará un período de información pública de veinte días tras la publicación de la resolución acordando su apertura.
El expediente se resolverá y notificará en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación. EFE
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