Gobierno Vasco defiende su gestión de la situación generada por las protestas contra la charla de dos ertzainas en EHU

La reacción estudiantil que llevó a la suspensión de una conferencia impartida por dos agentes de la Ertzaintza en la Universidad del País Vasco (EHU), motivó la intervención de los propios conferenciantes, quienes optaron por cancelar el evento ante el ambiente adverso generado en el campus de Donostia-San Sebastián. De acuerdo con la información reportada por el medio, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez, sostuvo que tanto el departamento que dirige como el área de Seguridad actuaron de forma adecuada tras estos hechos.

Según indicó el medio, el consejero Pérez compareció ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación del Parlamento Vasco para responder a una consulta formulada por la parlamentaria del PP, Muriel Larrea. Durante la sesión, Larrea expresó su inquietud por la proliferación de pintadas, símbolos y mensajes atribuidos a organizaciones de izquierda en los muros y espacios públicos de los campus universitarios de la EHU. La representante popular denunció que estos elementos no constituyen meras expresiones de pensamiento, sino herramientas para intimidar, ejercer veto y reforzar un control ideológico en los entornos universitarios. En palabras de Larrea, “representan una forma de violencia simbólica que busca deliberadamente marcar el territorio y advertir a quienes piensan diferente que ese espacio no es suyo”.

La parlamentaria también situó el boicot a la charla de los ertzainas dentro de una “estrategia sistémica de intolerancia hacia cualquier voz o símbolo que desentone del discurso oficial que algunos intentan imponer en los espacios universitarios”. Según publicó el medio, Larrea criticó la actitud de las instituciones ante estos fenómenos y urgió al consejero Pérez a tomar medidas para combatir esta situación.

En respuesta, según consignó el medio, Pérez recordó que su departamento publicó un comunicado en el que condenaba la sucesión de hechos vinculados a la suspensión de la charla. Consideró que esta situación supuso un acto de coacción sobre el derecho a la libre expresión de los agentes de la Ertzaintza. Desde su perspectiva, los conferenciantes “tenían derecho” a impartir la charla y “deberían haber podido ejercerlo”.

Pérez precisó que, pese a que la decisión de cancelar la conferencia correspondió a los policías invitados, esta determinación se produjo tras “una serie de intervenciones en el espacio universitario” que llevaron a los agentes a sentir que “no estaban en condiciones de intervenir”. El consejero argumentó que, ante estas circunstancias, tanto el área que dirige como el Departamento de Seguridad procedieron “correctamente” en la gestión del caso, detalló el medio.

Por otro lado, en el contexto de la polémica sobre los mensajes y pintadas en los campus de la Universidad del País Vasco, Pérez expresó que, en caso de detectar la existencia de mensajes amenazantes o que tengan como fin limitar la libertad de expresión, comunicaría estos datos al rectorado de la institución. Según el medio, el consejero explicó que esa sería la respuesta institucional adecuada ante la existencia de materiales cuyo objetivo no es el debate ni la exposición de ideas, sino limitar la participación y expresión de otros colectivos en los espacios universitarios.

Durante el intercambio parlamentario, tanto el reportaje original como los testimonios recogidos mostraron posiciones contrapuestas sobre el impacto de las protestas universitarias y los límites entre la libertad de expresión y sus manifestaciones en el espacio público del ámbito académico. El Gobierno Vasco argumentó que su manejo de la situación se ajustó a lo procedente desde el punto de vista institucional y legal, manteniendo la disposición de actuar ante cualquier vulneración manifiesta de la libertad de expresión dentro de los campus, según reportó el medio.