El juez de la AN que investiga si el apagón fue un sabotaje informático amplía un mes más el secreto de la causa

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama, que investiga si el apagón en la red eléctrica española del pasado 28 de abril pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, ha decidido ampliar un mes más el secreto de la causa.

Se trata de una nueva prórroga del secreto de sumario en la causa abierta de oficio por el juez instructor horas después del apagón, según ha avanzado 'El Independiente' y han confirmado a Europa Press este jueves fuentes jurídicas.

Dentro de las pesquisas, Calama ya ha recibido los informes que solicitó a Red Eléctrica y al Centro Criptológico Nacional. También pidió uno a la Jefatura de Información de Policía.

El juez acordó el pasado 29 de abril abrir por iniciativa propia una investigación señalando que, si bien en ese momento la causa de los hechos resultaba desconocida, "el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles" opciones, por lo que vio necesario investigar.

A través de un auto, Calama explicaba que el corte de suministro sobre las 12.30 horas afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transporte, lo que supuso "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos".

Y recogía la explicación facilitada por el Gobierno de que "se han perdido" de forma súbita durante 5 segundos 15 gigawatios de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había ocurrido jamás".

FALLOS GRAVES EN SERVICIOS BÁSICOS

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explicaba que conforme al artículo 573 del Código Penal los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.

El instructor, en su resolución, examinaba la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y señalaba que, en el caso de España, llevó al legislador a introducir en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo.

Calama incidía, además, en que la "sociedad se basa cada vez más de un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general".

"Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer", agregaba.

Y es que, aseguraba el magistrado en su resolución, "este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población".

UN APAGÓN EN UCRANIA COMO EJEMPLO

El magistrado recordaba que "el informe sobre Ciberamenazas y tendencias de 2017 del Centro Criptológico Nacional afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros". "Así ocurrió en el caso de los ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que, en 2016 ocasionaron un apagón, provocando que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica", señalaba.

Al respecto, Calama insistía en que "los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques".

"Íntimamente relacionado con ello, se halla la amenaza contra las infraestructuras críticas, con la posibilidad cierta de causar un colapso a través de las redes mediante una caída en cadena de los servicios esenciales", concluía.

Además, en su auto destacaba "el caso conocido como 'virus de la policía' por la dinámica que siguieron los ciberdelincuentes, en el que fueron juzgados varios ciudadanos rusos, que desde 2011 habrían atacado a usuarios de varios países habiendo más de 300 afectados en España".

Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró en junio que el apagón del 28 de abril se produjo por un problema "multifactorial" que implica episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales, descartando que sucediese por un ciberataque.