Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

La Asociación Equiparación Real ha presentado una reclamación ante el Ministerio del Interior para que se reconoza como profesión de riesgo a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta iniciativa busca que ambos cuerpos sean reconocidos legalmente para así poner fin, según sus argumentos, a una “discriminación inaceptable” frente a cuerpos como los Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y las policías locales.

El coste estimado de cerca de 1.000 millones de euros y el respaldo de un informe pericial del despacho Durán & Durán Abogados figuran entre los puntos centrales de la reclamación administrativa. La organización, presidida por Eliud Vega y que afirma contar con el apoyo de 22.000 agentes entre Policía y Guardia Civil, sostiene que la reclamación se diferencia de intentos previos porque solicita un plazo específico de ejecución para que el reconocimiento se haga efectivo. Este paso se encuadra como requisito antes de una posible demanda judicial por la vía civil, según han precisado los promotores.

Equiparación Real subraya que su propuesta también se presenta “en nombre de agentes concretos de Policía y Guardia Civil, englobando tanto a quienes dependen de la Seguridad Social como a la mayoría bajo el régimen de clases pasivas”, dice el recurso. Para fundamentar su argumento, citan la sentencia 596/2025 del Supremo, que reconoció parcialmente la desigualdad que sufren los agentes de la Policía adscritos al régimen general de la Seguridad Social.

“Se trata de una reivindicación histórica respaldada por la experiencia de miles de agentes que arriesgan su vida en cumplimiento de su deber y, sin embargo, no tienen acceso al régimen de jubilación anticipada ni a los derechos derivados de reconocimiento legal como profesión de riesgo”, han explicado fuentes de Equiparación Real.

Si Interior no responde acudirán a la justicia Europea

De confirmarse el rechazo del Ministerio del Interior, la asociación tiene previsto llevar el caso primero al ámbito contencioso-administrativo y, si es necesario, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Uno de los argumentos principales radica en el contraste entre cuerpos de seguridad en una misma localidad. Como resumen del malestar entre colectivos, Equiparación Real indicó: “Lo que no puede ser es que un policía local en Barbate que lucha contra el narcotráfico se pueda jubilar antes o cobrar unos 700 euros más de pensión que un policía nacional o un guardia civil que también lucha en Barbate contra el tráfico de drogas”.

La reclamación por reconocimiento como profesión de riesgo se suma a otras demandas relacionadas, entre ellas la de equiparación salarial real, puesta en marcha hace un año por la misma asociación. Este movimiento se suma a las iniciativas abiertas desde 2017, cuando, bajo el Gobierno del Partido Popular (PP), se iniciaron negociaciones para igualar salarios respecto a los cuerpos autonómicos. El acuerdo firmado en 2018 y ejecutado posteriormente por el ministro Fernando Grande-Marlaska -tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia- destinó más de 800 millones de euros para un incremento salarial promedio del 38%.

No obstante, la plataforma Jusapol, impulsora de los sindicatos Jupol (Policía Nacional) y Jucil (Guardia Civil), rechazó dicho acuerdo al considerarlo insuficiente. A su vez, el resto de los sindicatos ha continuado exigiendo tanto la declaración de profesión de riesgo como la incorporación de una cláusula legal para evitar futuras “disfunciones salariales” entre policías nacionales y autonómicos.

(Con información de Europa Press)