El Congreso vota en contra de la equiparación salarial para los Policías y Guardias Civiles, pero a favor de la jubilación anticipada y ser considerados profesión de riesgo

El Pleno del Congreso ha votado este miércoles la proposición no de ley sobre la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos. En una debate que se celebró este martes, y en el que finalmente se ha votado al día siguiente, el Pleno ha rechazado por dos votos equiparar el salario entre estos dos Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y los autonómicos, con 171 votos a favor y 174 en contra, pero ha aprobado proceder a los estudios y modificaciones legislativas oportunas para aprobar la jubilación voluntaria anticipada y ser consideraros profesión de riesgo, con 199 a favor, 21 en contra y 124 abstenciones.

Esta última medida permitirá ahora a la Policía Nacional y la Guardia Civil solicitar una reducción en la edad de jubilación ordinaria tras haber trabajado en actividades particularmente penosas, peligrosas o insalubres, con índices elevados de morbilidad o mortalidad. Esto ya ocurría con la policía local, con los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y los Bomberos, ya que son consideradas profesiones de riesgo. Pero no con estos dos cuerpos. Hasta la fecha, mientras, por ejemplo, un mosso d’esquadra podía jubilarse de forma anticipada a los 59 años sin perder ingresos, un agente de la Policía Nacional debía esperar hasta los 65 años o enfrentar una significativa reducción de sus prestaciones si opta por la jubilación anticipada.

Sin embargo, no ha habido la misma suerte a la hora de equiparar el salario de ambos cuerpos con sus homólogos de las policías autonómicas, que ha sido rechazado por dos puntos. Los diferentes cuerpos de seguridad llevan años buscando completar el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 por el entonces gobierno del Partido Popular con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, motivo por el que tuvo lugar ayer el debate sobre el Proyecto No de Ley, iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario Popular en mayo de este año.

La diferencia se nota considerablemente en las remuneraciones. Un policía autonómico, como un ertzaina o un mosso, puede percibir hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil durante el servicio, y la brecha aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.

La lucha por la equiparación salarial

En el texto presentado, el grupo exigía la equiparación salarial “real y total” de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos, como los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. Esta propuesta buscaba, además, impulsar la calificación de profesión de riesgo y de la jubilación anticipada, pero sí tienen miembros de la Ertzaintza y policías locales. De esta forma, también se buscaba “igualar nuestras pensiones de jubilación por años de servicio, con Policía Local y cuerpos autonómicos, en las mismas circunstancias que ellos”, como se menciona en el texto presentado el pasado mayo.

En 2018, el Ministerio del Interior firmó un acuerdo histórico de equiparación salarial con los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Este acuerdo se planteó como un proceso gradual de tres años, con una inversión de 807 millones de euros destinados principalmente al complemento específico singular y a la productividad, con el objetivo de igualar los sueldos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los de los cuerpos autonómicos. Además, se destinó una partida adicional de 100 millones de euros por año para incentivar el regreso al servicio activo del personal de Segunda Actividad sin destino y de la Reserva no ocupada.

Sin embargo, el Partido Popular denunció que el actual Gobierno del Partido Socialista desestimó el informe de auditoría inicial que señalaba la necesidad de incrementar la inversión para completar la equiparación salarial. A su vez, encargó un nuevo informe con criterios que, según el PP, reflejaron la voluntad de no continuar con el incremento de las cantidades necesarias para una equiparación real.