El magistrado Ángel Hurtado ajustó a la baja el monto de la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, luego de haber recibido una dotación patrimonial del propio acusado para hacer frente al primer importe reclamado. Este ajuste se produjo tras detectarse que el cálculo inicial incluía elementos que, según la doctrina constitucional, no pueden anticiparse en esta fase procesal. Esta información fue reportada por la Cadena SER y confirmada a Europa Press por fuentes jurídicas, quienes además detallaron la solicitud presentada por la Abogacía del Estado para que el Tribunal Supremo revoque o, de manera subsidiaria, reduzca el importe finalmente impuesto.
Según lo publicado por las citadas fuentes y medios, el fiscal general García Ortiz recurrió ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo la fianza que el magistrado instructor había fijado como requisito previo al juicio, que versará sobre la presunta filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, representando los intereses de García Ortiz, solicita la eliminación total de la fianza o, al menos, una revisión a la baja, argumentando errores en el cálculo inicialmente realizado por el juez.
El instructor Ángel Hurtado había determinado en un primer momento que el fiscal general pagara una fianza de 150.000 euros. Posteriormente, y según detalló la Cadena SER, el magistrado corrigió la cantidad a 75.000 euros tras advertir que el importe inicial sumaba una posible multa. De acuerdo con la doctrina constitucional, la inclusión de sanciones futuras en la fianza supone adelantar una eventual condena, lo que no resulta admisible en esta fase del procedimiento.
La rectificación en el cálculo por parte de Hurtado ocurrió apenas un día después de que García Ortiz entregara parte de su patrimonio como aval para cubrir el monto de 150.000 euros, dado que no disponía de esa cantidad en efectivo. El ajuste dejó la fianza finalmente en 75.000 euros, lo que representa una rebaja considerable respecto al primer importe fijado.
En paralelo, la acusación popular a cargo de González Amador presentó un recurso para solicitar que la fianza aumentara a 300.000 euros, según consignó Europa Press. Sin embargo, esta petición fue retirada tras considerarse suficiente la garantía ofrecida por el patrimonio de García Ortiz que cubría el importe decretado por el instructor.
El caso gira en torno a la supuesta revelación de datos reservados, y la implicación del fiscal general ha generado una notable atención jurídica y mediática. El proceso aún se encuentra en la fase de preparación de juicio, y la Sala de Apelación del Tribunal Supremo debe resolver ahora la solicitud planteada por la Abogacía del Estado, que apela tanto a la anulación de la fianza como a su reducción, en función de los criterios constitucionales aplicables a este tipo de medidas cautelares.
La información reunida por la Cadena SER y Europa Press destaca no solo los movimientos legales y patrimoniales realizados durante las jornadas en que se determinó la cuantía de la fianza, sino también las distintas interpretaciones jurídicas acerca de la proporcionalidad de la medida adoptada por el magistrado Hurtado. El asunto seguirá sujeto al pronunciamiento de la Sala de Apelación, que deberá valorar los argumentos de todas las partes antes del inicio del juicio sobre la presunta filtración.
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