El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha registrado este miércoles una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en nombre del grupo parlamentario de Sumar para que se celebre un acto institucional de reparación y reconocimiento general a todas las personas ejecutadas durante la dictadura franquismo, coincidiendo con los 50 años de los últimos fusilamientos (27 de septiembre de 1975).
En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Congreso, Santiago ha explicado que también van a proponer una declaración institucional en el Congreso, que para salir adelante y ser leída en el Pleno deberá contar con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios.
El dirigente de IU ha recordado que la pena de muerte está prescrita por los tratados internacionales de Derechos Humanos y que España, desde el fin de la dictadura, ha jugado un papel "muy importante" en el combate a la misma. De hecho, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte estuvo presidida hasta su fallecimiento el año pasado por el exministro Federico Mayor Zaragoza.
A su juicio, la dictadura utilizó la pena de muerte "de forma abusiva para confrontar y reprimir a la oposición política y a todos los demócratas que luchaban contra la dictadura, la democracia y la libertad". Según ha dicho, más de 100.000 personas fueron realizadas por el franquismo mediante ejecuciones extrajudiciales o directamente después de consejos de guerra, e incluso "hay historiadores que hablan hasta de 300.000".
Como ejemplo, ha citado la cárcel de Porlier, donde fueron fusilados 3.000 de sus 5.000 presos entre 1939 y 1944, o el caso de los cuatro gobernadores de Galicia ejecutados tras el fin de la guerra civil.
HABÍA FUNDADORES DEL PP
Santiago ha destacado, además, que las penas de muerte ejecutadas a partir de 1960 fueron aprobadas en Consejos de Ministros, "donde había dirigentes que posteriormente algunos fueron hasta fundadores del Partido Popular", en velada alusión a Manuel Fraga Iribarne
"Nos parece importante que en este momento haya un pronunciamiento claro de todas las fuerzas políticas contrario a la pena de muerte, y que se haga un reconocimiento a estas personas que injustificadamente sufrieron estos coletazos del franquismo en el año 1975, al igual que el resto", ha añadido.
Finalmente, Santiago ha expresado que aquellos fusilamientos significaron la "vergüenza pública" de España ante la comunidad internacional y ante toda Europa, y ha considerado que esto no ha de pasar desapercibido para las generaciones más jóvenes, "que desconocen la gravedad del alcance de las violaciones de derechos humanos que los regímenes dictatoriales que la derecha política ha traído" a España "a lo largo de la historia".
UN "IMPRESCINDIBLE" RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La PNL señala, además, que al Estado le corresponde la obligación de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos "sólo por el hecho de luchar contra la dictadura militar e implicarse en la defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales".
El texto ve "imprescindible", por tanto, que coincidiendo con el 50 aniversario de las últimas ejecuciones de presos políticos por la dictadura franquista, se recuerde apropiadamente a todas las víctimas.
Asimismo, la iniciativa defiende que la democracia en España "no podrá ser plena hasta que se haga efectivo el reconocimiento, reparación y dignificación de todas las víctimas de la dictadura franquista y para ello es imprescindible el compromiso indisoluble de todas las administraciones públicas".
El 27 de septiembre de 1975 en las poblaciones de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos fueron ejecutadas por fusilamiento cinco personas: Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz y los miembros de ETA Jon Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui.
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