
Sumar ha registrado este lunes en el Congreso una iniciativa en la que exige al Gobierno central y a las instituciones deportivas que fuercen a la organización de La Vuelta a España a expulsar al equipo Israel-Premier Tech, al que atribuye una "vinculación con el genocidio en Palestina".
En concreto, la formación ha presentado una batería de preguntas al Ejecutivo en las que subraya que el deporte de alto nivel celebrado en España "debe ser plenamente coherente con los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario", así como con los principios de "no discriminación, integridad y responsabilidad social" que recoge la Ley del Deporte.
Los diputados de Sumar recuerdan que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictado medidas cautelares en relación con la actuación de Israel en Gaza, "considerando plausibles las alegaciones de genocidio" y ordenando el cumplimiento de obligaciones específicas de prevención y de respeto al derecho internacional humanitario.
"BLANQUEO" DE CRÍMENES DE GUERRA
En este contexto, califican de "inaceptable" que en España se promocionen o normalicen mediante apoyos públicos "equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de blanqueo institucional de dichas actuaciones".
Respecto a La Vuelta, evento de gran seguimiento internacional y organizado por una entidad privada, Sumar sostiene que corresponde al Gobierno garantizar que cualquier apoyo público esté condicionado a "cláusulas éticas y de debida diligencia en derechos humanos".
Estas cláusulas deberían incluir, según la coalición de izquierdas, la exclusión de equipos que, "por su financiación, denominación, imagen corporativa o posicionamientos públicos, contribuyan a blanquear crímenes internacionales o vulneraciones graves del derecho internacional humanitario".
En su iniciativa, los parlamentarios de Sumar piden al Ejecutivo que detalle con precisión qué acuerdos de patrocinio, apoyo institucional, cesión de imagen, subvenciones o facilidades públicas mantiene para la edición vigente de La Vuelta a España, especificando importes, órganos implicados, vigencia y condicionantes éticos aplicables.
Asimismo, preguntan si esos acuerdos incluyen cláusulas de debida diligencia en derechos humanos que permitan "limitar, condicionar o retirar el apoyo público" en caso de que la organización admita equipos asociados a Estados sometidos a medidas cautelares de la CIJ.
SI SIGUEN, QUE SE RETIRE EL APOYO A LA VUELTA
De forma expresa, Sumar plantea varias cuestiones sobre el equipo Israel-Premier Tech: si el Gobierno exigirá su exclusión mientras persistan las medidas cautelares de la CIJ; si ha mantenido comunicaciones formales con la Unión Ciclista Internacional y la empresa organizadora de La Vuelta con este fin; qué acuerdos de apoyo público o cesiones existen actualmente con dicho equipo; y si se han tomado medidas para evitar su promoción como "herramienta de propaganda blanqueadora de genocidio".
El grupo también interroga al Gobierno sobre si, en caso de que la organización se niegue a adoptar la exclusión, retirará todo apoyo público a La Vuelta y promoverá un marco común con otros Estados miembros de la Unión Europea para condicionar patrocinios públicos en grandes vueltas ciclistas a estándares de derechos humanos.
Finalmente, Sumar pregunta al Ejecutivo si prevé aprobar un protocolo específico para acontecimientos deportivos en España que establezca criterios de exclusión de equipos vinculados a graves violaciones de derechos humanos o al blanqueo institucional de crímenes internacionales, imponga cláusulas éticas obligatorias en cualquier convenio o patrocinio público y fije un mecanismo de verificación independiente y transparente de los acuerdos.
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