CyL culpa al Gobierno de "imponer" la distribución de menores y reclama políticas de Estado sin "arbitrariedad"

La vicepresidenta y consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha criticado al Gobierno central por la "falta de información y diálogo" respecto a la derivación de menores migrantes no acompañados, y ha insistido en que todavía "no hay ninguna novedad" sobre cuántos menores llegarán ni en qué condiciones, pese a que la cifra inicial alcanza los 197 menores.

Blanco ha reiterado que "Castilla y León es una tierra solidaria y de acogida, pero nunca puede serlo desde la imposición", un punto en el que ha denunciado que el Ejecutivo central actúa "sin diálogo, sin acuerdo ni consenso, rompiendo la solidaridad y la igualdad entre todas las comunidades".

En cuanto a la posibilidad de que esta derivación de menores comience en torno al 28 de agosto la consejera ha señalado: "A día de hoy no se han puesto en contacto con la Junta ni disponemos de detalles concretos sobre los menores asignados ni sobre el procedimiento que se seguirá".

De este modo ha recordado además que la Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley sobre el reparto, algo que también hará cuando se apruebe el Reglamento.

La vicepresidenta ha criticado también la "arbitrariedad" del Ejecutivo al establecer las cifras de reparto -"31 para Cataluña, ninguno para el País Vasco y 197 para Castilla y León, sin aclarar los criterios"- y ha denunciado que el Gobierno utiliza la llegada de menores inmigrantes "cuando mediáticamente le interesa" y como "cesión al chantaje de sus socios separatistas".

Por ello, ha insistido en que las políticas migratorias deben ser "de Estado, basadas en la coordinación, con control de fronteras y medidas en origen", y que "la protección de los menores es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que ya tienen los sistemas al límite".

Finalmente, Blanco ha exigido que el Gobierno central asuma su responsabilidad con los menores que permanecen en Canarias pendientes de tutela y ha recordado que "las competencias en inmigración corresponden al Gobierno de España y tiene pendiente hacerse cargo de unos 1.200 menores solicitantes de asilo en el archipiélago, tal y como ordenó el Tribunal Supremo hace meses".