El inspector de la Policía Nacional Bonifacio Díaz ha negado este lunes en su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que haya realizado investigaciones ilegales a cargos de Podemos.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Díaz únicamente ha contestado a dos preguntas de su defensa para sostener, en la misma línea, que nunca ha vulnerado la inviolabilidad de los cargos electos de la formación morada.
En su declaración como investigado, el inspector también se ha referido a los viajes que realizó en función de su cargo, asegurando que siempre que se desplazó fue por orden de sus superiores.
Cabe recordar que el que fuera viceministro de Energía del Gobierno venezolano Nervis Villalobos indicó en su declaración como testigo el pasado mes de marzo que Díaz se reunió con él en octubre de 2015 en Washington para pedirle información sobre Podemos.
Según explicó Villalobos, las personas que se reunieron con él en Estados Unidos --entre las que también incluyó al 'lobbista' Martín Rodil-- buscaban personas que pudieran ofrecer pruebas sobre una supuesta financiación irregular del partido, y que una vez que él llegó a España le insistieron dándole incluso fichas policiales de determinados miembros de la formación morada.
En el marco de esta causa, el magistrado ha citado este jueves a un agente que hizo consultas sobre el exlíder 'morado' Pablo Iglesias a raíz de una información en la que se involucraba presuntamente a un exdirigente del partido, Miguel Urbán, en una transacción de droga.
El juez Pedraz indaga en este procedimiento en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de la formación política.
El instructor acordó llamar al inspector de la Policía como investigado a petición de Podemos, a lo que la Fiscalía se mostró a favor después de escucharle declarar como testigo.
Y al agente, también investigado, lo citó para "valorar si está justificado pedir información" de Iglesias "por el hecho que otra persona del mismo partido", el exeurodiputado Urbán, "estuviera investigada por una presunta transacción de sustancia estupefaciente".
INVESTIGACIONES SIN INTERÉS POLICIAL
El juez admitió la querella que presentó Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
La formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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