El Partido Animalista PACMA ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía en Bilbao, aprobada el pasado 27 de marzo.
El PACMA ha recordado, en un comunicado, que ya presentó un extenso escrito de alegaciones durante el trámite de información pública, que fueron desestimadas casi en su totalidad. Ante esta "falta de rectificación", ha recurrido judicialmente, y ha solicitado como medida cautelar "la suspensión inmediata" de la aplicación de los artículos impugnados por "el riesgo de graves perjuicios y daños irreparables a los animales que pudieran resultar afectados".
Según la formación política animalista y medioambiental, la ordenanza presenta numerosas contradicciones con la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, así como con la Ley 9/2022 de protección de los animales domésticos de Euskadi.
PRECEPTOS "CONFLICTIVOS"
Entre los preceptos que cree "más conflictivos", destacan cuestiones como la definición y gestión restrictiva de las colonias felinas, que limita su reconocimiento a aquellas autorizadas por el Ayuntamiento, excluyéndose otras que no se hayan reconocido expresamente, y a los gatos comunitarios asentados en propiedad privada.
También han censurado la autorización de la eutanasia por motivos de conducta "sin necesidad de que exista dolor o sufrimiento", lo que "contraviene" la legislación estatal; el sacrificio por causas medioambientales o de protección del patrimonio artístico y arquitectónico confrontando la Ley Estatal; la admisión del uso de collares eléctricos bajo supervisión profesional; la introducción de excepciones injustificadas a la prohibición de dejar animales atados o solos durante largos periodos, o exclusión de su ámbito de aplicación de núcleos zoológicos y de actividades ilegales con animales de compañía.
En términos generales, según PACMA, la Ordenanza vulnera el principio de jerarquía normativa al incluir disposiciones contrarias a leyes de rango superior.
Por ello, denuncia que la Ordenanza, "lejos de proteger a los animales, abre la puerta a abusos que la legislación vigente intenta erradicar". En este sentido, insisten en que "no se puede permitir la entrada en vigor de una norma que genera inseguridad jurídica, reduce la protección efectiva y no responde a criterios científicos ni éticos".
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