La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha acusado este miércoles al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de "intentar manipular el acceso a la carrera judicial" y ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre esta "maniobra legislativa" que, a su juicio, vulnera la separación de poderes.
Así lo ha asegurado Montserrat después de registrar una pregunta parlamentaria al Ejecutivo comunitario coincidiendo con el paro de jueces y fiscales en las sedes judiciales de toda España para reclamar la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía.
Según la dirigente del PP, "el modelo de regularización de jueces sustitutos propuesto" por el Gobierno puede implicar "incompatibilidad con el principio de independencia de la judicatura recogido en el Derecho de la Unión Europea".
"Tenemos que velar por la calidad técnica y profesional de los futuros jueces y fiscales para mantener los principios de igualdad, mérito y capacidad y poder garantizar la independencia del Poder Judicial", ha manifestado.
Montserrat subraya que la propuesta legislativa para regularizar a cerca de un millar de jueces sustitutos, "permitiendo su integración en la carrera judicial mediante un sistema extraordinario paralelo al turno libre y al cuarto turno", ha sido denunciada por las principales asociaciones judiciales españolas.
En este sentido, alerta de que "la regularización podría vulnerar los principios constitucionales y del Derecho de la Unión Europea relativos al acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad (artículo 45.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), y afectar a la independencia judicial, prevista en el artículo 47 de dicha Carta y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre los estándares necesarios para la carrera judicial".
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Asimismo, pregunta si la regulación que permite renovar de forma sucesiva a jueces sustitutos para cubrir necesidades estructurales y permanentes "vulnera la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE), para justificar una regularización sin oposición".
Según Montserrat, en un momento como el actual con el fiscal general del Estado "procesado por revelación de secretos con fines políticos" y "una campaña feroz contra todos los jueces que están trabajando sobre casos de corrupción ligados con el Gobierno", el PP no puede "quedar ajeno a un nuevo intento de manipular el acceso a la carrera judicial". A su entender, los nuevos jueces deben elegirse sobre un principio de igualdad de oportunidades, "no de la cercanía al poder político".
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