Madrid, 2 jun (EFECOM).- El proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, en tramitación parlamentaria, crea nuevos sistemas de certificación empresarial pensados para reducir la carga de la Administración en los procedimientos de ayudas públicas, pero no para menguar el peso burocrático que enfrentan las compañías.
Son las conclusiones del trabajo publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el que su autor, Diego Rodríguez, analiza el articulado de la norma y advierte de que el adjetivo "estratégico" se utiliza profusamente para calificar distintos conceptos, sin llegar a definirlos con claridad.
Rodríguez pone en valor que el proyecto actualice y extienda una norma desarrollada a comienzos de los años noventa, en concreto, en 1992, en un contexto tecnológico y de prioridades "muy distinto al actual".
Así, "de modo natural", se incorporan ahora conceptos que no podían estar presentes entonces, entre ellos los de nube o de prestador de mercados en línea, y se incide en objetivos y medidas vinculadas a la transición digital y ecológica, como recuperación o reciclaje.
El autor resalta que la norma abandone la referencia tradicional de las agrupaciones sectoriales clásicas, sustituyéndolas por los llamados "ecosistemas industriales". No obstante, prosigue, este concepto se define de un modo muy difuso.
Desde su punto de vista, este problema se extiende también a otros conceptos que juegan un papel básico en la nueva ley, como los sectores y retos estratégicos.
En el trabajo se valora positivamente el diseño de una gobernanza basada en una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, con una vigencia de seis años y de la que se derivaría un futuro Plan Estatal y programas para periodos trienales.
Asimismo, se considera positivo que haya una evaluación de ambas, aunque Rodríguez ve imprescindible que ésta se realice por una entidad independiente y externa al ministerio responsable, un extremo que no se incluye en la norma.
En cualquier caso, señala que no resulta posible adelantar los efectos prácticos de la estructura de gobernanza que se delinea en la nueva ley, por lo que habrá que esperar a su desarrollo reglamentario.
Por otro lado, entiende que es razonable la práctica de condicionar las ayudas públicas al mantenimiento de la actividad en el territorio nacional durante un período mínimo.
Pero llama la atención sobre el hecho de que, en una ley que deja la concreción de buena parte de su contenido para desarrollos normativos posteriores, no se remitan los detalles en este ámbito a las bases reguladoras de las ayudas relevantes y se establezcan unos umbrales de aplicación general en una norma con rango de ley.
En el trabajo se indica, asimismo, la dificultad de pronunciarse sobre el nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, del que el proyecto -indica- sólo establece ideas muy generales. EFECOM
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