
El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha condenado a un año de cárcel al conductor del atropello mortal de la S-20, ocurrido el pasado enero y en el que falleció una mujer, por la muerte de 29 perros en una nave industrial de Tagle (Suances).
Antes del juicio, previsto para este lunes a las 9.00 horas, se ha alcanzado una conformidad entre las partes, en la que, además de la pena de prisión, se ha impuesto al procesado --en prisión provisional desde el atropello mortal-- tres meses de inhabilitación para el cuidado o la tenencia de animales.
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También deberá indemnizar con 12.000 euros al propietario de 18 de los canes fallecidos, que estuvo también investigado pero para el que finalmente se archivó la causa; con 3.323 euros a la Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria); con 1.050 al Centro Canino Besaya por los gastos de los cuidados y la recuperación de la perra que sobrevivió, y con 190 para el Gobierno regional por el gasto de limpieza de los cadáveres que acometió la empresa Tragsa.
La defensa del condenado ha solicitado en el día de hoy la suspensión de la pena, si bien la jueza se ha opuesto a la misma, siguiendo el criterio tanto del Ministerio Fiscal como la Federación de DEAN, que ejerce la acusación popular, y el Gobierno de Cantabria, habida cuenta que "no se dan los requisitos legales" al tratarse de un "elincuente habitual", por lo que el acusado tendrá que cumplirla íntegramente.
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Así lo han informado fuentes de la Federación DEAN a la prensa después de que las partes llegaran a un acuerdo, que se ha alcanzado a puerta cerrada sin dar paso a la audiencia pública. Tras confirmar las partes que no iban a recurrir el acuerdo, la jueza ha dictado sentencia firme en el propio acto.
Según han señalado, el propietario de 18 de los canes fallecidos, para el que se archivó la causa por este hecho, está en prisión en Dueñas (Palencia), desde donde tenía previsto declarar por videoconferencia. Sin embargo, no ha sido necesario tras alcanzarse el acuerdo de conformidad.
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Previamente, tanto la Fiscalía como la Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) y el Gobierno de Cantabria pedían para el implicado 18 meses de prisión por un presunto delito continuado de maltrato animal, la máxima pena que se puede solicitar por los hechos ocurridos en Tagle, que finalmente se han rebajado a 12.
El ministerio público y el Ejecutivo también solicitaban cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales o para la tenencia de los mismos, petición que DEAN elevaba a cinco, y que han quedado en tres.
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Y en concepto de responsabilidad civil, las indemnizaciones son las mismas que se solicitaban en los respectivos escritos de la acusación.
MUERTE DE LOS PERROS
E.M.G., de 28 años, estaba al cuidado de 30 perros, de los que 29 murieron. La causa se archivó para el dueño de 18 de los canes fallecidos.
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Los perros estaban alojados en una nave industrial de Tagle y durante la investigación se hallaron indicios de que su 'cuidador' dejó de proporcionarles bebida y alimentos, por lo que 29 murieron y otro más quedó "famélico y al borde de la muerte".
En este último caso fue evitada por la intervención realizada en la nave por agentes del Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el 15 de enero de 2022.
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