Madrid, 26 may (EFE).- La declaración de los ex altos cargos del Ejecutivo Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo y el doctor Antonio Burgueño investigados en la causa por los fallecidos en residencias madrileñas en la pandemia prevista este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla ha sido suspendida.
Mur y Martínez Peromingo son considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño fue el responsable de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional, que incluía la medicalización de las residencias.
En declaraciones a los periodistas, los abogados de los denunciantes, Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo, han explicado que los letrados de los investigados han pedido la suspensión de las declaraciones alegando que no les habían dado traslado de las actuaciones.
"A nosotros sí nos han dado traslado (las actuaciones) y hemos tenido tiempo de estudiarlas y analizarlas. Entendemos que es una estrategia dilatoria más para evitar lo que las víctimas reclaman que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo. Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes", ha afirmado Ranz.
Alejandra Jacinto ha reconocido la labor de las asociaciones de familiares de fallecidos, Marea de Residencias, 7.291: Verdad y Justicia y Pladigmare "por no cesar en intentar conseguir que se arroje verdad y justicia sobre algo tan horrible que ocurrió hace ya cinco años".
Jacinto ha opinado que la petición de suspensión de las declaraciones es "una maniobra dilatoria" por parte de las defensas, porque desde el 1 de abril hay un auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que les citaba como investigados en esta causa, es decir, "han tenido casi dos meses para poder instruir y para poder tener traslado de las actuaciones".
"Lo que queríamos poner encima de la mesa a día de hoy era la posible comisión de un ilícito penal del artículo 511 del Código Penal, un delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria porque a los residentes se les impidió ser trasladados a los hospitales públicos, se les impidió ser trasladados a los hospitales privados, se les impidió morir dignamente en unas residencias que tenían que haber sido medicalizadas y tampoco se les permitió el traslado al hospital Ifema", ha subrayado.
"Nosotros no vamos a parar. Vamos a acompañar a las víctimas y a las asociaciones de familiares hasta que se dilucide la verdad y se haga justicia", ha resaltado.
A su juicio, la discriminación en el acceso a la prestación sanitaria fue "una decisión política y que ha tenido consecuencias absolutamente nefastas, presuntamente criminales, en las vidas de tantos mayores que no fueron derivados a los hospitales por razón de discapacidad o por deterioro cognitivo".
Carlos Castillo ha mostrado su confianza en que "más pronto que tarde" se señalará una nueva fecha -previsiblemente antes del verano- para estas declaraciones y se podrá empezar a dilucidar qué es lo que pasó hace cinco años y a hacer justicia. EFE
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