Madrid, 21 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asumido este miércoles en el Congreso el "error", "desajuste" o "defecto" que supuso adjudicar a una empresa israelí un contrato de munición para la Guardia Civil, que ya está en proceso de rescisión, aunque no será "tan gravosa" como en principio se pensaba.
"Sí, hubo un defecto o un error y lo asumo", ha revelado el ministro ante el pleno de la Cámara Baja después de escuchar las críticas de la mayoría de partidos sobre este contrato, con el que, en una primera intervención, ya apuntó que se habían producido "desajustes o errores puntuales" que habían generado "un problema".
Pese a esta situación, Marlaska ha revindicado que se ha dado una solución que ha permitido que ese contrato esté "en proceso de rescisión" de la forma más favorable posible.
"Hay vías jurídicas que permiten que no vaya a resultar tan gravoso para las arcas públicas como se podía pensar", ha defendido.
Por su parte, Sonia Acedo, del PP, ha reprochado el "despilfarro" que supone la rescisión del contrato y le ha preguntado al ministro qué va a hacer para no perder ese dinero. "Deberían pagarlo a escote usted, el presidente del Gobierno y todos los ministros", le ha espetado la diputada al ministro.
Acedo ha aprovechado también para asegurar que la izquierda que apoya al Gobierno "se ha tragado sin rechistar" el plan del Ejecutivo de invertir más de 10.00 millones de euros en defensa y seguridad.
En su segunda intervención ha indicado que el Gobierno sigue firmando "contratos millonarios" con empresas israelíes. "¿Son todos ustedes los señores de la guerra? ¿Financian ustedes la guerra?", le ha inquirido.
De "patética" ha tildado el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro la intervención de Marlaska, quien, según ha dicho, ha acudido al Congreso "desautorizado" por Pedro Sánchez para confesar su responsabilidad en la firma del contrato y al mismo tiempo garantizar que volverá a suceder.
No menos duros, aunque con argumentos opuestos, se han mostrado desde Sumar, ERC, PNV, Junts, EH Bildu y Podemos. Los partidos catalanes incluso han aprovechado para introducir en el debate cuestiones como la ley mordaza, la comisaría de Via Laietana o las infiltraciones de agentes en movimientos sociales e independentistas.
Más allá de los contratos, ha indicado el diputado de Sumar Enrique Santiago, las políticas del Gobierno deben estar dirigidas a frenar el holocausto en Gaza, porque son los Ejecutivos de cada país los únicos capaces de cumplir con las resoluciones de los tribunales internacionales en contra de Israel.
Respecto al polémico contrato, Santiago ha incidido en que la empresa israelí adjudicataria celebra las acciones criminales del Ejército de Netanyahu y ha instado al Gobierno a garantizar que se anularán o dejarán sin efecto hasta el último contrato que continúa en ejecución.
También ha vuelto a solicitar que el Ejecutivo adopte medidas para que el armamento israelí con destino a EE. UU. no "toque" ningún puerto español, al igual que han hecho los otros grupos que apoyan al Gobierno.
Mientras, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que España sigue contratando con Israel y ha leído los diez contratos, por valor de más de 800 millones de euros, que forman parte de los 46 ya firmados pero que aún pueden cancelarse porque aún no están formalizados.
"Las conexiones armamentísticas (con Israel) están más vivas, son mas abundantes y lucrativas que nunca", ha zanjado Belarra, antes de urgir al Gobierno a que apruebe un real decreto para decretar el embargo a Israel ya. EFE
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