Madrid, 20 may (EFE).- El empresario arrepentido del caso Púnica, David Marjaliza, ha confesado en el juicio que alcaldes implicados en la trama, la mayoría del PP y de la Comunidad de Madrid, le pidieron entre 2012 y 2014 comisiones y le exigían cobrarlas en metálico a cambio de adjudicar a la empresa Cofely servicios energéticos.
La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de la pieza de Cofely del caso Púnica, en el que se sientan en el banquillo 36 procesados, entre ellos nueve exalcaldes acusados por adjudicaciones a dicha empresa multinacional, en la que Marjaliza trabajaba como asesor comercial, de contratos a cambio de dádivas y comisiones.
Son objeto de la causa adjudicaciones a Cofely por los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por 4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma 224 millones de euros.
Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (del PP); Parla, José María Fraile (PSOE), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).
También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.
En concreto, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
En la sesión de este martes ha comenzado a declarar David Marjaliza, empresario de la construcción arrepentido y exsocio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
Las fiscales anticorrupción piden en sus conclusiones provisionales once años y tres meses de prisión para Marjaliza, que ha decidido seguir colaborando con la justicia en este juicio y reconocer los hechos para ver reducida su condena.
Marjaliza ha relatado que firmó con Cofely un contrato de quince años por el que recibía diversos porcentajes por cada contrato que consiguiera en ayuntamientos y que le habría supuesto en el total del periodo unos ingresos de cinco millones y medio de euros en el caso de que los ayuntamientos pagaran todos los importes contratados.
Preguntado por una de las fiscales por qué no cobró todo el dinero ha dicho: "Seguramente porque vinieron los de verde y nos detuvieron a todos", en referencia a la operación desarrollada por la Guardia Civil. Y ha añadido: "A mí este negocio me ha salido muy mal".
David Marjaliza ha indicado que varios alcaldes le pidieron comisiones y cobrar "en efectivo" para no quedara rastro, y ha añadido que siempre se lo comunicaba a los responsables de Cofely.
"Inicialmente lo pagaba yo y luego COfely buscaba la fórmula para ver cómo pagármelo a mi", ha explicado.
Ha añadido que para ello se "inflaron" importes de facturas de obras que había que realizar en el marco de los distintos contratos con los ayuntamientos.
Este martes también ha declarado Didier R.M., que era director general de Cofely España, que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 16 años de prisión y que también ha confesado los hechos para ver reducida la condena y se ha mostrado arrepentido.
En todo caso ha asegurado que desconocía los detalles de las cantidades de dinero que pudieran llegar a los políticos implicados y ha dicho sentirse "horrorizado" cuando ha conocido en el juicio peticiones de comisiones realizadas por algunos alcaldes.
Se ha referido a lo declarado en sesiones anteriores de la vista por el acusado Pedro G.P., que era responsable de Mercado Público del Departamento Comercial de Cofely, que relacionó distintas comisiones y destacó los casos de los ayuntamientos de Parla, Collado Villalba y Móstoles, sobre los que dijo que les exigieron hasta 600.000 euros, cantidades que luego se renegociaron en los tres casos. EFE
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