Madrid, 20 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez Juan Carlos Peinado, que impidió a la asesora de Begoña Gómez recurrir ante este tribunal la orden que impartió a la Guardia Civil para que bucease en sus llamadas telefónicas y en sus correos electrónicos.
Se trata de una "anomalía" que el juez ya subsanó "en parte" en un auto posterior, según explica la resolución de la sección 23 de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso EFE.
Aún así, los magistrados estiman el recurso de queja que presentó el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, y le dan la razón al considerar que el juez debió ordenar dicha diligencia mediante un auto y no una providencia y, de esa manera, el letrado podría haberla recurrido ante la Audiencia de Madrid, superior jerárquico del juez.
Dice la Sala que el juez Peinado debió solicitar dicho informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mediante un auto porque "se refería a la obtención de datos de comunicaciones realizadas por medios tecnológicos".
Recuerda, de hecho, que así lo hizo el juez de forma parcial cuando ordenó averiguar las comunicaciones en un auto posterior, del pasado 28 de enero.
El magistrado solicitó esta diligencia en el marco de la investigación sobre el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Peinado quiere saber las llamadas realizadas y recibidas por Álvarez desde su nombramiento y también los correos corporativos de Begoña Gómez a personas y empresas designadas, desde las direcciones de su asesora en relación a "las actividades profesionales y/o mercantiles" de la mujer del jefe del Ejecutivo.
En otro reciente auto, la Audiencia de Madrid volvió a delimitar la causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 41 y acordó archivar el procedimiento contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño y directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes.
De nuevo, excluyó el rescate público de Air Europa de la investigación y la circunscribió a si Begoña Gómez pudo haberse prevalido de su proximidad al presidente del Gobierno, "como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada, en un sector novedoso".
Tras dicha resolución, permanecen investigados en la causa Begoña Gómez, su asesora, el empresario Juan Carlos Barrabés -codirector de un máster en la Universidad Complutense junto con Begoña Gómez-, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, jefe de gabinete del secretario general de Presidencia cuando se nombró a Cristina Álvarez. EFE
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