El 'caso Titella', la supuesta macroestafa a entidades bancarias e inversores privados en la que consta como principal investigado el productor televisivo José Luis Moreno y que se investiga en la Audiencia Nacional, afronta ya su final.
Fue el pasado mes de enero cuando el instructor puso fin a la instrucción de la causa principal. Ya en abril, y según consta en una providencia recogida por Europa Press, el magistrado dio traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que identificasen a los acusados contra los que considerasen que tendría que procederse.
Una vez vencido ese plazo, y con los escritos del Ministerio Público y el resto de acusaciones, el instructor podrá dictar auto de pase a procedimiento abreviado en el que proponga a juzgar a las personas contra las que considere que hay indicios delictivos.
Fuentes jurídicas han explicado a esta agencia de noticias que la Fiscalía todavía se encuentra elaborando su informe, habiéndose demorado en tanto que está respondiendo previamente las numerosas peticiones de archivo de algunos de los investigados.
Las citadas fuentes han señalado que en estas últimas semanas el juez ya ha acordado el sobreseimiento para numerosos investigados, aunque ninguno de los principales nombres asociados al caso.
EL ESQUEMA DE LA PRESUNTA ESTAFA
Cabe recordar que los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
La parte del procedimiento que afronta ahora la recta final es la primera, la referida a la presunta estafa, mientras que la relativa al narcotráfico permanece en una pieza separada. En el marco de esta causa, el juez también mantiene viva una línea de investigación contra Moreno y su ex amigo íntimo Martin Czehmester por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
Siempre según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" de la referida estafa a bancos y, Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas" poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
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