Zaragoza, 19 may (EFE).- La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha asegurado que los datos sobre los menores migrantes acogidos en esta Comunidad "están preparados”, pero no se remitirán al Ministerio de Juventud e Infancia hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico.
“Será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid quien dirá si tenemos que darlos o no cuando resuelva las cautelares”, ha subrayado este lunes en declaraciones a los medios durante una visita a las instalaciones del Hogar de Personas Mayores IASS Huesca preguntada por la situación del recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el requerimiento del Ministerio para que todas las comunidades remitan información sobre las plazas y ocupación de los centros de menores.
La tramitación de este recurso quedó además suspendida a la espera de que se resuelva la petición de inadmisión formulada por el Estado y tras lo que la consejera ha asegurado que no ha habido novedad al respecto.
Asimismo ha insistido en que el plazo para la entrega de los datos no lo marca el Ministerio sino el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
No obstante, Susín ha reiterado que el de Aragón "no es un Gobierno insumiso, cumple las leyes y cumple las resoluciones de la justicia" y que "cuando resuelva el Tribunal Superior de Justicia, los datos se entregarán, si es que resuelve”.
El conflicto se enmarca en la ofensiva judicial emprendida por Aragón contra el Real Decreto-ley que modifica la Ley de Extranjería, convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril y contra el que el Gobierno autonómico presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la norma vulnera competencias y no responde al interés de los menores.
Además, la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso del Ejecutivo aragonés contra la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 28 de abril —aplazada por el apagón informático que afectó a nivel nacional—, así como un nuevo recurso contra la convocatoria del 5 de mayo.
“Saben que el Gobierno de Aragón dijo que recurriría todos los actos administrativos derivados de un Real Decreto, que consideramos que es injusto, que viene dictado por un prófugo de la justicia y que no obedece al interés de los menores, sino a intereses políticos”, ha sentenciado Susín. EFE
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