Madrid, 16 may (EFE).- La consulta pública abierta por el Gobierno la semana pasada para que cualquiera pueda trasladar al Ministerio de Economía sus preocupaciones por las consecuencias que podría tener que prospere la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Sabadell termina este viernes.
Desde el martes 6 de mayo, miles de ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que creen verse afectados por la operación han ido rellenando un cuestionario en la propia web del Ministerio, que, con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, depura la información evitando errores o suplantaciones de identidades.
La información recabada en este proceso no resultará vinculante, pero servirá al Ejecutivo para contar con la valoración más completa posible sobre la operación, como expuso recientemente el ministro de economía, Carlos Cuerpo, que tendrá que decidir antes del 27 de mayo si eleva al Consejo de Ministros esta cuestión.
Se entiende que, con esta consulta, el Gobierno estaría buscando armarse de razones ajenas a cuestiones de competencia para intervenir y complicar la opa del BBVA al Sabadell, aunque no está claro que vaya a ser necesariamente así porque, a lo mejor, los resultados no son tan elocuentes como se esperaban.
La consulta consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4 y se acompaña de un buzón para aportar información adicional.
Si el participante cree que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia, debe elegir cuáles serían entre defensa y seguridad nacional; protección de la salud pública; libre circulación de bienes y servicios; protección del medio ambiente; promoción de la investigación tecnológica; garantía de mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial; y otros.
En el caso de que opte por "otros", tendrá la opción de exponerlo a continuación en un máximo de 2.000 caracteres y es aquí donde se da por hecho que, al menos los sindicatos, trasladarán su preocupación por el impacto sobre el empleo que tendría la compra del Sabadell por el BBVA.
El formulario también da la opción de plantear propuestas para proteger esos criterios de interés general en un máximo de otros 2.000 caracteres, quizá la oportunidad para pedir que el Gobierno impida la fusión aunque la opa acabe prosperando y el BBVA tome el control del Sabadell.
El banco vallesano anunció que participaría en la consulta, al igual que asociaciones empresariales catalanas, que trasladaron también directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una misiva que veían "poderosas razones de interés general", hasta cinco motivos distintos, que justificarían la intervención del Ejecutivo.
Pedían evitar una excesiva concentración de poder empresarial y financiero; preservar un canal de crédito y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión; prevenir la pérdida de ocupación y de oficinas bancarias; promover la atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios; y garantizar la cohesión social y territorial "que es la base de una economía abierta y diversa en una sociedad plural".
Cualquiera de estos cinco argumentos permitirían considerar la fusión "lesiva" para el interés general de España, explicaban en una carta los máximos responsables de Barcelona Global, el Consell General de Cambres de Catalunya, la Fira de Barcelona, Cecot, Foment del Treball, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, Pimec, FemCat y el RACC.
Sin embargo, su rechazo parece limitarse a la posibilidad de una fusión y no necesariamente a la opa en la que los accionistas del Sabadell tendrían la última palabra para decidir si aceptan la oferta de canje del BBVA, facilitando la toma de control de la entidad. EFE
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