València, 14 may (EFE).- La representación legal de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia para que revoque la decisión del juzgado que instruye la gestión de la dana de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), MIguel Polo, ni a varios altos cargos de la administración autonómica, como el subdirector de Emergencias.
La titular del juzgado número 3 de Catarroja acordó en un auto del 8 de mayo que la ausencia de información que atribuyen los damnificados al presidente de la CHJ sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo, "resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH -Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)-, así como por la posibilidad de acceso al mismo".
En cuanto al resto de personas sobre las que la asociación pide su imputación -el director de Emergencias, el subdirector y la jefa de servicio-, el juzgado ya dijo que formar parte de una estructura administrativa autonómica sin más no era razón suficiente para exigirles una responsabilidad penal.
Ante la negativa del juzgado de investigar a estas personas, la Asociación ha presentado un escrito de apelación ante la Audiencia, al considerar que el presidente de la CHJ "ha reconocido que su organismo no efectuó llamadas telefónicas de aviso durante el episodio de crecida del Barranco del Poyo, limitándose únicamente al envío de correos electrónicos".
Añade que la declaración de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ante la jueza, "ha servido para confirmar la pasividad de Polo", al señalar que este "no trasladó al Cecopi ni la existencia de los correos electrónicos enviados por la Confederación Hidrográfica del Júcar ni, mucho menos, el contenido de los mismos".
Sobre el director general de Emergencias y Extinción de Incendios Alberto Javier Martín Moratilla, que este martes fue cesado del cargo por el pleno del Consell, señala que ostentaba la "máxima autoridad operativa en materia de gestión de emergencias" y sin embargo, añade la asociación, durante la emergencia del 29 de octubre "permitió una pausa de más de dos horas en la reunión del Cecopi, en el momento más crítico de la crecida del Barranco del Poyo, sin promover ninguna medida alternativa o urgente".
Respecto a Jorge Suárez, subdirector de la agencia AVSRE, la asociación de damnificados DANA Horta Sud señala que debe ser considerado investigado ya que a pesar de disponer de acceso a información crítica en tiempo real a través del sistema SAIH y del puesto de mando avanzado del 112, "no adoptó ninguna medida proactiva ni emitió instrucción alguna eficaz dirigida a alertar a la población".
Pide también la imputación de Inmaculada Piles Alepuz, jefa de Servicio de Emergencias, "pese a su acceso a la información crítica y al conocimiento de los informes pluviométricos y de caudales, no promovió ni ejecutó acción preventiva alguna efectiva —como alertas específicas, restricciones de acceso, cortes de carreteras o instrucciones a autoridades locales— lo que permite afirmar que incumplió gravemente su deber de garante". EFE
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