Madrid, 14 may (EFE).- Las principales asociaciones de jueces y fiscales han calificado este miércoles de "desolador" el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial presentado por el Gobierno y advierten de que afecta "gravemente" a principios constitucionales como la separación de poderes y la independencia judicial.
En un comunicado conjunto, las asociaciones señalan que se trata de una reforma estructural de gran calado y subrayan que supone un "serio retroceso" en Estado de Derecho al propiciar un acceso "arbitrario" a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y "someter instancias clave a criterios partidistas".
Todo ello, alertan, "pone en riesgo la independencia judicial" y compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal como exige el respeto a los estándares constitucionales.
"Con pleno respeto al proceso parlamentario, las asociaciones profesionales firmantes manifestamos nuestro firme compromiso con la defensa de la carrera judicial y fiscal, y de los valores constitucionales, y adoptaremos si ello fuera necesario y dentro de nuestro ámbito de actuación las medidas que resulten precisas para salvaguardarlos", advierten.
El comunicado lo firman la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Critican la "desnaturalización" del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que -a su juicio- no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, al tiempo que advierten de que la nueva regulación del 'cuarto turno' posibilita un acceso "discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre".
Rechazan también el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, que consideran "carente de las debidas garantías de transparencia y rigor" y hablan de "retroceso democrático" en la elección de órganos de gobierno.
Sobre la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia, consideran que conlleva un "evidente riesgo de control ideológico" del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo.
Mientras, ven en las restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales un ataque directo a su capacidad operativa. "Su debilitamiento afecta a la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación", apuntan.
El único punto de la reforma que valoran es el sistema de becas y la supresión de medidas que eran contrarias a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. EFE
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