La Abogacía del Estado ha remitido a la Audiencia Nacional un escrito de oposición a la demanda de Ecologistas en Acción para que el Ministerio para la Transición Ecológica lleve a cabo la limpieza de Palomares, en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería), donde ha asegurado que "no existe riesgo radiológico significativo ni para las personas ni para el medio ambiente" y ha acusado al colectivo de haber basado su recurso en "opiniones, tergiversaciones de datos científicos" y en el "desconocimiento del marco legal".
La Audiencia Nacional ya admitió a trámite, en el mes de enero, el recurso de Ecologistas en Acción frente a la postura de la Abogacía del Estado, que defendía que este asunto ya quedó resuelto cuando el propio tribunal determinó en 2021 que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no era competente para ordenar la retirada de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada.
No obstante, la Audiencia entendió que el Ministerio no dio una respuesta expresa a la solicitud presentada por Ecologistas en Acción, por lo que decidió "examinar el fondo del asunto" para "establecer si concurren o no los requisitos previstos" que permitan determinar si corresponde al Gobierno central llevar a cabo la limpieza del área contaminada.
En el escrito remitido a la Audiencia Nacional consultado por Europa Press, el Estado ha defendido que la situación de Palomares está catalogada como de "exposición existente", lo que descarta medidas urgentes y exige que cualquier actuación se justifique conforme a la normativa vigente.
Ha subrayado que "no es de aplicación" el artículo 38 ter de la Ley de Energía Nuclear que cita la organización ecologista, y ha señalado que "el CSN nunca ha sido competente para llevar a cabo dicha ejecución", en referencia a la retirada de tierras contaminadas.
La Abogacía ha advertido de que Ecologistas en Acción "confunde las unidades de dosis efectiva y actividad", y ha aclarado que el nivel de referencia fijado en Palomares desde 2001 es de 1 mSv/año. Asimismo, ha asegurado que los controles realizados por el Ciemat a través del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (Pvrap) y del seguimiento sanitario de la población "han garantizado que la dosis al público no sea superior a ese límite".
Según el Estado, los informes remitidos anualmente al CSN demuestran que "en escasísimas muestras analizadas apenas se alcanzan los valores de referencia", lo que significa que la exposición radiológica en la zona es "muy inferior" al nivel que justificaría una intervención.
La Abogacía ha recalcado que "no se puede hablar de un accidente nuclear" en Palomares, ya que "el origen de un accidente nuclear siempre se encuentra en una instalación nuclear", y ha recordado que la colisión aérea de 1966 que provocó la dispersión del material radiactivo "fue un suceso con un origen singular, que es de conocimiento público y notorio".
Por todo ello, el Estado ha pedido a la Audiencia Nacional que desestime la demanda al considerar que el Ministerio ha actuado conforme a la normativa y que, según los informes oficiales, la situación radiológica en Palomares no justifica una intervención.
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