Madrid, 12 may (EFE).- La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprobado este lunes una moción del PP que pide al Gobierno que renuncie "a cualquier intento de modificación unilateral" de la normativa estatal sobre universidades, sin la participación de los gobiernos autonómicos y sin escuchar a los centros de enseñanza superior.
La aprobación de esta iniciativa parlamentaria -17 votos a favor y 10 en contra- se produce en plena polémica por el decreto que está elaborando el Gobierno para poner freno a la proliferación de universidades privadas, y por la ley de universidades que está tramitando el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso.
Los populares argumentan su iniciativa parlamentaria en que el Gobierno ha iniciado "un nuevo ataque contra la libertad educativa, el pluralismo institucional y el ejercicio legítimo de las competencias autonómicas en el ámbito universitario", amparándose -critican en la moción- en "combatir las denominadas 'universidades de garaje'".
Para el PP, en lugar de tratarse de un decreto gubernamental para garantizar la calidad de los títulos universitarios de estos centros privados, el Gobierno está "contraviniendo el marco constitucional con una actitud inervencionista" y ha iniciado una "campaña de deslegitimación y desacreditación" de universidades privadas legalmente reconocidas por las Comunidades Autónomas.
Por ello, la moción aprobada este lunes en la Comisión de Universidades de la Cámara Alta pide "respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas" y reclama "garantizar el principio de autonomía universitaria", absteniéndose -prosigue el texto- "de promover medidas que interfieran en la organización, programación académica o estrategia institucional de las universidades legalmente constituidas".
Ademas de pedir que se fortalezcan "los mecanismos de cooperación multilateral con las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria", la moción del PP se refiere directamente al nuevo decreto que está en proceso de elaboración.
Así, el último punto del texto reclama al Ejecutivo "renunciar a cualquier intento de modificación unilateral de la normativa básica estatal que tenga como objeto limitar, directa o indirectamente, la creación de nuevas universidades sin la participación activa de los gobiernos autonómicos y sin escuchar a las universidades públicas y privadas del conjunto del Estado". EFE
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