Madrid, 7 may (EFE).- El Senado, con la mayoría del PP, ha acordado este miércoles la toma en consideración de una iniciativa que propone la reforma de la ley del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Criminal para revertir la ampliación de las competencias de los Juzgados sobre la Mujer y sacar de ellos los delitos de violencia sexual.
Se trata de una proposición de ley presentada por el PP que busca garantizar el funcionamiento de las secciones de los Tribunales de Instancia y de las Audiencias Provinciales en materia de violencia sobre la mujer, así como la especialización de los jueces y magistrados destinados en ellas.
Así lo ha defendido la senadora de este grupo Rosa María Romero quien ha recordado que la reciente aprobación de la ley de eficiencia de la Justicia ha ampliado las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer al incorporar los casos de violencia sexual, reforma que entrará en vigor en noviembre.
Sin embargo -ha detallado- en la actualidad sólo el 74 % de las víctimas de violencia de género tiene acceso a estos juzgados. "El Gobierno, en vez de reforzar los juzgados y dotarles de más medios, lo que hace es aprobar una reforma judicial en la que, vía enmienda de Podemos, aumenta las competencias de estos juzgados para que asuman los delitos de violencia sexual".
De esta manera, los juzgados conocerán a partir de noviembre delitos como los de trata con fines de explotación sexual, mutilación genital, matrimonios forzosos, abusos, agresiones sexuales o violaciones. "Todos estos delitos se acumularán, será inasumible y crearán un colapso tremendo que va a desproteger a las víctimas", ha advertido.
Ha comparado los efectos de esta reforma con los de la ley del solo sí es sí y ha augurado que el Gobierno se marchará "cabizbajo" por "la vergüenza de ser un lastre para los españoles, pero, sobre todo, para las españolas, a las que ha dejado tiradas". "España hoy es un país más inseguro para las mujeres".
El PP ha sido el único grupo que ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, que ha sido criticada por el resto de partidos por suponer un retroceso en los derechos de las mujeres e incumplir los tratados internacionales.
Así, la senadora del PSOE María del Carmen Silva, que ha calificado la propuesta de PP de "deficiente y desfasada", ha recordado que el Convenio de Estambul obliga a España a que los delitos de violencia sexual sean abordados por juzgados especializados en violencia sobre la mujer.
"Ustedes no dudan en subastar los derechos de las mujeres para gobernar o aprobar presupuestos en ayuntamientos o comunidades autónomas y asumen en esos pactos vergonzosos que se reduzcan los fondos para la igualdad o la asistencia a las víctimas", ha criticado Silva.
Desde ERC, Joan Josep Queralt ha calificado la iniciativa de "ilegal e incoherente" y ha denunciado que el PP usa a las mujeres como "medida para desgastar las políticas de violencia machista", mientras que la senadora de Bildu Olaia Duarte ha criticado que un partido que gobierna con la extrema derecha que niega la existencia de este tipo de violencia "venga a hablarnos de violencia de género".
Carmen Da Silva (BNG) ha denunciado que la propuesta del PP "pretende hacernos retroceder muchos años", mientras que desde el PNV Igotz López, que ha reconocido que existe una "insuficiencia de medios y de formación", ha lamentado sin embargo que, "bajo el pretexto de la sobrecarga, el PP propone retrocesos en los derechos de las víctimas".
Tampoco Vox ha mostrado su apoyo a esta iniciativa al considerar que no protege a las víctimas de violencia en el ámbito familiar. EFE
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