Bilbao, 6 may (EFECOM).- Los trabajadores de la planta de Bridgestone de Basauri (Bizkaia) han decidido este martes secundar otros tres días de huelga, los próximos 8, 10 y 12 de mayo, en contra del ERE anunciado al considerar que "no es momento de aflojar" en la movilización tras la prórroga del período de negociación con la empresa.
Las partes han decidido extender hasta el próximo día 19 de mayo el período de consultas del ERE, que supondría el despido de 335 trabajadores de la fábrica de Basauri según el planteamiento inicial de la empresa, que, en la reunión de la mesa negociadora de ayer, se abrió a la posibilidad de revisar el número de afectados y mejorar las condiciones de salida de la empresa.
Según han informado fuentes sindicales, los trabajadores de la planta de Basauri, que afrontan este martes su décimo día de huelga en rechazo al ERE, se han reunido en asamblea general para tratar la situación en la que se encuentran y el nuevo calendario de movilizaciones propuesto por el comité de empresa.
La asamblea ha apoyado continuar con las huelgas, con tres nuevas fechas, dos de las cuales, los días 8 y 12 de mayo, coinciden con dos nuevas reuniones entre dirección y sindicatos para continuar negociando el ERE.
Las mismas fuentes no han descartado que se lleven a cabo más movilizaciones en función de cómo evolucionen las negociaciones.
Mientras, prosiguen los contactos con instituciones por parte de trabajadores de Bridgestone para recabar apoyos para su causa.
La delegación desplazada a Madrid, donde ayer una representación de la plantilla se reunió con responsables de los Ministerios de Industria y Trabajo, acude este martes al Congreso de los Diputados con la intención de registrar un escrito de denuncia de las intenciones de la multinacional japonesa fabricante de neumáticos y contactar con los grupos parlamentarios.
Ya se ha reunido con los diputados socialistas vascos, quienes les han expresado su apoyo a que las plantas sigan abiertas y se mantengan los empleos, según ha informado en redes sociales la diputada del PSE-EE María Guijarro.
En la delegación que ha viajado a Madrid también hay una representación de trabajadores de la fábrica cántabra de Puente San Miguel, también afectada por ERE anunciado por Bridgestone. En su caso, la extinción de contratos afectaría a 211 operarios. EFECOM
Últimas Noticias
La AN mantiene para abril el juicio de la 'Operación Kitchen': coincidirá con el del Supremo contra Ábalos y Koldo
El proceso por supuestas maniobras ilegales relacionadas con documentos de la causa Gürtel implicará a varios ex altos cargos del Ministerio del Interior, mientras que en simultáneo avanza otro caso relevante con cargos a exfuncionarios por contratos sanitarios controvertidos
El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA
La administración regional da el paso de sumarse al proceso judicial contra Forestalia como parte afectada, busca revisar minuciosamente el historial documental ambiental asociado y anuncia una ofensiva legal en defensa de los intereses aragoneses
El juicio en Gijón por el asesinato de Susana Sierra se juzgará con jurado popular pero no como violencia de género
La vista oral tendrá lugar con la participación de ciudadanos seleccionados, tras descartarse vínculos afectivos entre víctima y acusado, según la magistrada. La autopsia confirma muerte por estrangulación y la defensa puede apelar la resolución judicial
Abascal defiende que el pacto "puntual" en Extremadura se ha producido porque "no estaba Génova poniendo zancadillas"
Santiago Abascal asegura que el entendimiento alcanzado con el PP responde a la falta de interferencias desde la dirección nacional, remarcando que seguirán dialogando caso por caso y exigiendo garantías tras los comicios autonómicos del domingo
El Constitucional rechaza el recurso de los gobiernos de La Rioja y Cantabria contra la ley de amnistía
El máximo tribunal de garantías concluye que las objeciones presentadas por los Ejecutivos autonómicos han sido examinadas previamente, avalando la legitimidad de la medida y descartando irregularidades en su tramitación o vulneración de derechos fundamentales
